La reforma del Poder Judicial de Tucumán tendrá desde este miércoles uno de sus cambios más importantes en funcionamiento. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común y la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de la Capital dejarán de actuar por separado y serán reemplazadas por un único tribunal de cinco salas, con tres vocales cada una.
La modificación forma parte de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por la Legislatura como Ley N° 9.987. La norma fue sancionada el 18 de junio y promulgada por el gobernador Osvaldo Jaldo el 29 de junio. Su aplicación quedó bajo la reglamentación de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
El nuevo esquema no se limita a la fusión de dos cámaras. La reforma habilitó un modelo con competencias múltiples o «multifuero», otorgó nuevas atribuciones a determinados juzgados y modificó la organización de distintos órganos judiciales de la provincia.
El dato que explica la decisión de la Corte
La Corte Suprema provincial sostiene que la unificación responde, en buena medida, a un problema concreto: la acumulación de causas en la segunda instancia civil.
Los números oficiales muestran una situación desigual. Entre agosto de 2021 y mayo de 2026, las sentencias definitivas vencidas en primera instancia del fuero Civil y Comercial Común pasaron de 564 a apenas una, lo que representó una reducción del 99,82%.
En ese mismo período ocurrió lo contrario en la Cámara Civil y Comercial: las sentencias vencidas subieron de 172 a 389, un incremento del 126,16%.
La explicación que aparece en distintos informes vinculados con la reforma es que la modernización de los juzgados de primera instancia aceleró la resolución de expedientes y aumentó el número de recursos que llegaron a las cámaras.
De acuerdo con datos difundidos por medios locales a partir de información de la Corte, la productividad también creció con fuerza: en 2020 se dictaron 919 sentencias definitivas, mientras que en 2025 fueron 2.473. Ese aumento alivió la primera instancia, pero trasladó parte de la presión hacia la segunda instancia.
La unificación busca, según ese diagnóstico, redistribuir capacidad y recursos para reducir el atraso en la instancia de apelación.
Cinco salas para un tribunal que reemplaza a dos
La nueva Cámara tendrá cinco salas.
La Sala I estará integrada por Laura Alcira David, Marcela Fabiana Ruiz y Álvaro Zamorano.
La Sala II tendrá como vocales a María Dolores Leone Cervera, Benjamín Moisá y María del Pilar Amenábar.
La Sala III estará integrada por Alberto Martín Acosta.
La Sala IV quedará conformada por Myriam Gisela Fajre, María Soledad Monteros y Florencia Natalia Presti.
La Sala V tendrá a Carlos Enrique Courtade, Luis José Cossio y Rodolfo Marcelo Movsovich.
Todos los magistrados ya integraban las cámaras alcanzadas por la reorganización.
La Corte estableció además un nuevo sistema para repartir los expedientes que ya estaban en trámite. La distribución tomó como referencia un informe de la Dirección de Estadísticas, con el objetivo de evitar una concentración desigual de causas.
Para los nuevos expedientes habrá también un mecanismo de reparto proporcional entre las cinco salas.
La reorganización quedó formalizada mediante la Acordada N° 830/26. En paralelo, la Acordada N° 831/26 creó la nueva Oficina de Gestión Asociada que dará asistencia a las cinco salas.
La nueva OGA estará integrada por el personal de la Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones Civil y Comercial Común N° 1 y por funcionarios y empleados administrativos provenientes de la Cámara de Documentos y Locaciones. Fedra Edith Lago fue designada como directora de la dependencia.
Los abogados llevaron la reforma a la Justicia
El debut de la nueva Cámara se produce mientras la reforma judicial enfrenta un planteo de inconstitucionalidad.
Los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur cuestionaron las leyes 9.987 y 9.988 y sostienen que varios de sus artículos pueden afectar garantías constitucionales.
Entre los puntos señalados aparecen el juez natural, la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva, la especialización de los magistrados, la seguridad jurídica, la igualdad de armas y el ejercicio profesional de la abogacía.
Los abogados también objetaron el modelo de multifuero, la ampliación de las competencias de los Juzgados de Paz Letrados, la reorganización y fusión de órganos judiciales y las facultades otorgadas a la Corte para reglamentar parte del nuevo esquema.
En el caso de la Capital, uno de los puntos centrales del planteo es precisamente la fusión de las dos cámaras civiles.
Pero las críticas no se limitan a ese tribunal. La demanda también alcanzó otros aspectos de la reorganización provincial.
En el interior, por ejemplo, la reforma modificó la estructura de los órganos judiciales de Concepción y Monteros. En Concepción se estableció un Colegio de Jueces Penales de 14 integrantes y se modificó la integración de las cámaras laborales. En Monteros se dispuso la unificación del Juzgado Civil y Comercial Común con el de Documentos y Locaciones.
Los Colegios de Abogados también cuestionaron las nuevas atribuciones de los Juzgados de Paz Letrados, que podrán intervenir en asuntos como determinados divorcios sin efectos patrimoniales, alimentos provisorios, regímenes comunicacionales, guardas judiciales, desalojos con contrato escrito y cuestiones vinculadas con relaciones de consumo.
Una reforma que amplía el poder de organización de la Corte
Otro eje de la controversia está en las facultades que la nueva legislación asignó al máximo tribunal.
La Ley 9.987 modifica numerosos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y establece nuevas reglas para la organización de los tribunales. También incorpora disposiciones sobre la integración de las cámaras, las competencias de distintos juzgados y el funcionamiento de los Centros Judiciales.
La norma, además, incorpora una cláusula transitoria específica para la primera organización interna de la nueva Cámara Civil y Comercial y Documentos y Locaciones. Para la elección de sus autoridades se estableció que presidente y vicepresidente deben pertenecer a salas distintas.
Los Colegios de Abogados consideran que parte de estas facultades no debería quedar en manos de la Corte, sino que tendría que estar definida por una ley formal.
La «miniferia» que preparó el cambio
La puesta en marcha del nuevo tribunal también obligó a una pausa operativa.
La Corte estableció una «miniferia» desde las 13 del viernes 28 de agosto hasta las 00 del miércoles 2 de septiembre para completar tareas informáticas y logísticas. Durante ese período se suspendieron los plazos procesales y la atención al público en las cámaras involucradas y en la OGA correspondiente.
La única excepción quedó reservada para casos urgentes y acciones de amparo. También se suspendieron las presentaciones, con esas mismas excepciones.
Este miércoles, con el final de esa pausa, comenzará formalmente una nueva etapa.
La Corte apuesta a que la fusión permita descomprimir la segunda instancia civil y distribuir mejor el trabajo. Los Colegios de Abogados, en cambio, sostienen que el nuevo modelo puede afectar garantías constitucionales y la especialización judicial.
La nueva Cámara comenzará a funcionar mientras esa discusión ya se encuentra en los tribunales. La reforma, por lo tanto, no solo modifica la estructura del Poder Judicial: también abrió una disputa institucional que ahora deberá resolver la propia Justicia tucumana.
