El Tribunal de Cuentas de Tucumán cerró dos nuevos juicios de cuentas con responsabilidades patrimoniales contra autoridades de comunas rurales. Las resoluciones alcanzaron a funcionarios de Los Ralos y de El Naranjo y El Sunchal, con cargos fiscales que, en conjunto, llegan a $90.349.265,83.
El expediente de mayor volumen corresponde a Los Ralos. Allí, el organismo estableció un cargo de $82.516.357,08 contra el excomisionado comunal Juan Cruz Brandán y el secretario habilitado Pablo Alejandro Mocoroa.
La suma surgió de una observación vinculada con la rendición del tercer bimestre de 2023. El Tribunal consideró que, pese a las presentaciones efectuadas durante el proceso, persistió un saldo sin regularización. Por ese motivo, declaró responsables a ambos funcionarios y dispuso que respondan por el monto en forma “solidaria y mancomunada”.
La resolución quedó formalizada en el Acuerdo N° 3071, fechado el 18 de agosto. El organismo también ordenó la intervención del Departamento Judicial para intentar recuperar los fondos y, si fuera necesario, avanzar con la ejecución del cargo.
Una observación que terminó multiplicando su monto
El origen del caso de Los Ralos se remonta a un comprobante de observación por $36.409.126,34. Esa cifra correspondió a la rendición del tercer bimestre de 2023 y dio lugar al juicio de cuentas que comenzó en septiembre de 2025.
Brandán y Mocoroa aportaron documentación durante el trámite con el objetivo de responder a los cuestionamientos. El análisis de esas presentaciones produjo una reducción del monto observado. Primero quedó en $32.654.633,97 y luego descendió hasta $30.663.628,30.
La situación cambió al aplicar la actualización correspondiente. La Contaduría Fiscal General utilizó la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y estableció que, al 30 de junio de 2026, el cargo fiscal alcanzaba $82.516.357,08.
Los funcionarios también solicitaron que el Tribunal intercediera ante la propia comuna para obtener documentación que les permitiera completar la regularización. El pedido no prosperó. El organismo sostuvo que esa tarea no forma parte de sus atribuciones.
Con el expediente en su etapa final, el Tribunal declaró la responsabilidad patrimonial de Brandán y Mocoroa y dispuso las medidas necesarias para procurar el cobro.
La abogada fiscal Agustina Bugeau quedó a cargo de esa tarea y podrá solicitar la ejecución del cargo si el pago no se concreta.
El Naranjo y El Sunchal: un nuevo expediente contra sus autoridades
El segundo caso tiene como protagonistas a Amanda Petrona Grau y Néstor Roque Figueroa, actual comisionada comunal y secretario habilitado de El Naranjo y El Sunchal.
El Tribunal resolvió el expediente el 20 de agosto y fijó un cargo fiscal actualizado de $7.832.908,75. El proceso se originó por observaciones vinculadas con las rendiciones del primer y segundo bimestre de 2022.
En su origen, los dos comprobantes cuestionados representaban $3.588.030,86. El expediente atravesó distintas etapas antes de llegar a la resolución definitiva.
Los funcionarios no se presentaron dentro del plazo inicial y fueron declarados en rebeldía en agosto de 2025. Dos meses después comparecieron, fijaron domicilio y retomaron su participación en el proceso.
El análisis de la documentación permitió retirar parte de las observaciones. Entre ellas, el Tribunal descartó responsabilidad por $507.755,48 vinculados con recibos digitales. El organismo entendió que esa situación no podía atribuirse a los funcionarios y que tampoco existía prueba de un perjuicio económico para el Estado.
También quedaron fuera del cargo $693.500 relacionados con contrataciones de la Cooperativa de Trabajo El Castoral. En ese caso, el Tribunal consideró acreditada la contratación y la prestación de los servicios. La ausencia de determinada documentación fue considerada una cuestión formal y no un daño al patrimonio público.
Luego de esas correcciones, el cargo histórico quedó en $2.096.645,47. Con la actualización aplicada durante el proceso, el monto llegó a $7.832.908,75.
El Tribunal concluyó que estaba “acreditado el perjuicio fiscal” y declaró responsables en forma solidaria a Grau y Figueroa.
El abogado fiscal Esteban Luis Romano Norri recibió la intervención del Departamento Judicial para procurar el cobro o, si corresponde, ejecutar el cargo.
Un antecedente reciente en la misma comuna
El expediente contra Grau y Figueroa no constituye un hecho aislado. El Tribunal de Cuentas ya había impuesto otro cargo fiscal contra ambos funcionarios por $14.363.757,53.
La decisión quedó registrada en el Acuerdo N° 1356, del 30 de abril, y tuvo como origen irregularidades detectadas en la rendición del cuarto bimestre del ejercicio 2023.
En ese caso, las observaciones iniciales rondaron los $8,7 millones. Una revisión técnica posterior elevó el monto hasta superar los $14,3 millones.
El Tribunal sostuvo que los funcionarios recibieron las notificaciones correspondientes y contaron con instancias para ejercer su defensa. Sin embargo, consideró insuficiente la documentación presentada para justificar las inconsistencias. Por ese motivo, determinó responsabilidad patrimonial solidaria.
La sucesión de expedientes convirtió a El Naranjo y El Sunchal en una de las comunas que más atención recibió del organismo de control durante los últimos meses.
Expedientes por cientos de millones
Los dos acuerdos recientes se suman a otros procesos que el Tribunal de Cuentas mantiene abiertos sobre distintas administraciones comunales.
Uno de los casos de mayor magnitud aparece en El Mojón, donde el organismo declaró en rebeldía al comisionado Eduardo Cirilo Juárez y al secretario habilitado Exequiel Alejandro Anís dentro de un juicio de cuentas originado por una observación de $573,9 millones, correspondiente al segundo bimestre de 2025.
Los mismos funcionarios afrontan otro proceso por una observación de $453,8 millones vinculada con el quinto bimestre de 2024.
A esa lista se sumó otro expediente contra Grau y Figueroa. Esta vez, el Tribunal declaró su rebeldía dentro de un juicio de cuentas por una observación de $74,3 millones, vinculada con el primer bimestre de 2025.
El conjunto de actuaciones refleja el nivel de control que el organismo aplica sobre las rendiciones de las comunas rurales. Las observaciones que no consiguen una regularización suficiente pueden derivar en cargos fiscales, declaración de responsabilidad patrimonial y acciones judiciales para recuperar los recursos públicos.
En los casos de Los Ralos y El Naranjo y El Sunchal, además, los montos establecidos no quedaron congelados en las cifras de las resoluciones. Ambos acuerdos contemplaron que los cargos continúen sujetos a actualización hasta su efectivo pago.
