Una investigación por estafas vinculadas con la compraventa de vehículos a través de redes sociales quedó bajo la lupa de la Unidad Especializada de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Diego Hevia. La causa apunta contra una presunta organización que habría utilizado identidades falsas, cheques apócrifos y distintas líneas telefónicas para quedarse con rodados de particulares.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal surgió a partir de varias denuncias. Hasta el momento, se identificaron al menos seis personas damnificadas, aunque los investigadores no descartan que el número aumente.
Durante una audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás explicó cómo habría funcionado el mecanismo. Según la acusación, los sospechosos buscaban publicaciones de vehículos en redes sociales y luego contactaban a los propietarios con nombres falsos. Entre las identidades utilizadas aparecieron «Jessica Naranjo» y «Carlos Facundo Sánchez».
El supuesto fraude comenzaba con una propuesta de compra. Los acusados ofrecían entregar una parte del valor en efectivo y completar el resto mediante cheques. Después fijaban un encuentro con los vendedores y avanzaban con la operación.
Los propietarios, de acuerdo con la investigación, firmaban la documentación necesaria para concretar la transferencia. El problema aparecía después: cuando intentaban cobrar los cheques recibidos, descubrían que eran falsos.
La Fiscalía sostiene que, tras obtener los vehículos, los integrantes de la organización los colocaban en el mercado nuevamente. Para concretar esas ventas, presentaban la documentación de los rodados como si estuviera en condiciones normales.
Un allanamiento aportó elementos clave
Una de las denuncias permitió al fiscal Hevia solicitar una medida de allanamiento. La orden judicial se ejecutó en una vivienda del barrio Policial, en Los Pocitos, donde los investigadores detuvieron a uno de los sospechosos.
El procedimiento permitió secuestrar dos motocicletas, ocho teléfonos celulares, cinco cédulas de identificación vehicular, una notebook y dos dispositivos Posnet. También encontraron un formulario 08 en blanco, talonarios de recibos, chips telefónicos, copias de documentos de identidad, un pendrive y otros papeles relacionados con distintos vehículos.
Para la Fiscalía, esos elementos podrían aportar información sobre la estructura y el alcance de las maniobras investigadas.
Briz Tomás sostuvo que el grupo habría recurrido en forma sistemática a identidades falsas y números telefónicos asociados con documentación apócrifa. La acusación también señaló que ninguna de las personas afectadas recuperó hasta ahora el dinero entregado ni los vehículos.
Otro elemento considerado por los investigadores surgió durante el propio allanamiento. Según la exposición fiscal, el detenido intentó esconder su teléfono celular en el ventiluz del baño. Para el Ministerio Público, esa conducta mostró una intención de preservar información que podía resultar relevante para la causa.
Una estructura con distintos roles
La investigación también apunta a determinar qué función cumplía cada integrante de la presunta organización. La Fiscalía planteó que existían tareas diferenciadas para localizar vendedores, negociar las compras y luego colocar los vehículos obtenidos mediante las maniobras denunciadas.
La causa no se limita al detenido. Uno de los sospechosos permanece prófugo y cuenta con una orden de captura vigente. La Justicia lo declaró en rebeldía ante la imposibilidad de localizarlo.
Además, los investigadores analizan la posible participación de un tercer involucrado. Su situación todavía no quedó definida y forma parte de las medidas que lleva adelante la Fiscalía.
Con este escenario, Briz Tomás sostuvo que existían riesgos concretos para la investigación. Mencionó la utilización de identidades falsas, la capacidad para ocultar elementos de prueba y la posibilidad de hacer desaparecer los vehículos. También consideró la existencia de un prófugo y la presunta estructura organizada como factores que justificaban una medida de mayor intensidad.
La Fiscalía había solicitado 90 días de prisión preventiva para el acusado detenido. Sin embargo, el juez interviniente aceptó la formulación de cargos y resolvió una medida cautelar por un plazo menor.
El imputado quedó detenido durante 60 días mientras continúa la investigación, en una causa que todavía podría sumar nuevos damnificados y nuevos elementos sobre el presunto circuito utilizado para obtener y revender los vehículos.
