El programa económico nacional ingresó en una fase de transición donde la consolidación del superávit fiscal y la estabilidad de los agregados monetarios demandan reformas de fondo para asegurar el crecimiento genuino. Un exhaustivo informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) sostiene que esta nueva etapa de transformaciones estructurales y generación de empleo privado formal ya no depende exclusivamente del Palacio de Hacienda, sino que exige una profunda articulación federal. Según el análisis, el éxito del plan macroeconómico estará supeditado a la capacidad política para tejer consensos de largo plazo con los gobernadores en materia impositiva, laboral y previsional.
Para el economista Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, el ordenamiento del mapa tributario representa el desafío más complejo debido al sesgo distorsivo de las tasas actuales sobre la competitividad empresaria. No obstante, el especialista enfrió los discursos que promueven una supresión inmediata de los gravámenes locales. “Ingresos Brutos es el principal problema. Pero, como constituye una fuente esencial de financiamiento provincial, ningún gobernador está en condiciones de resignarlo”, advirtió. En esa línea, desestimó las metas de quitas progresivas sin contraprestación: “Plantear su eliminación, aunque sea bajo un cronograma de instrumentación gradual, tiene mucho de declamación voluntarista”, dado que exigiría más de una década de asfixia presupuestaria para los distritos subnacionales.
La hoja de ruta que propone el instituto mediterráneo no apunta a desfinanciar a los Estados provinciales, sino a rediseñar la matriz de recaudación general. Giordano planteó que la discusión técnica debe enfocarse en “cómo reemplazar malos impuestos por mejores impuestos, preservando el equilibrio fiscal”. La propuesta concreta del IERAL consiste en coordinar con las provincias un fortalecimiento de la base imponible y la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), utilizando esos nuevos flujos nacionales para compensar de forma directa y automática la pérdida de recursos derivada de la eventual derogación de Ingresos Brutos.
En lo que respecta al mercado de trabajo, el informe subraya que el empleo asalariado privado formal arrastra más de diez años de parálisis estructural, configurándose como una demanda social urgente una vez disipada la urgencia inflacionaria. El titular del IERAL remarcó que “sin una mejora visible en el mercado laboral, será difícil consolidar el respaldo social necesario para sostener el programa de reformas”.
Si bien la entidad valora los lineamientos generales de la reciente reforma de modernización laboral, advierte que su efectividad práctica estará condicionada por las órbitas judiciales de cada provincia. El éxito en la reducción de la litigiosidad y los costos de contratación indirectos dependerá de la adhesión y el control de los tribunales locales, particularmente en el ecosistema de los juicios por accidentes de trabajo. Al respecto, Giordano enfatizó que la incertidumbre de los costos laborales “no será revertida si no mejora la calidad y objetividad de las pericias médicas”, una facultad procedimental que recae bajo la exclusiva responsabilidad de las jurisdicciones provinciales.
Finalmente, el documento del IERAL analiza las duplicidades del gasto público y el desequilibrio de las cajas previsionales. El diagnóstico propone delimitar con precisión las funciones operativas entre la Nación, las provincias y las municipalidades para eliminar superposiciones, mejorar la calidad de los servicios esenciales y dotar de mayor transparencia a las partidas presupuestarias. Respecto de los sistemas jubilatorios, el informe concluye que una estrategia de reforma que ensamble las decisiones de la Casa Rosada con los regímenes previsionales provinciales no armonizados otorgará mayor viabilidad técnica y política al plan de estabilización, evitando que las resistencias territoriales obturen las transformaciones de largo plazo.
