Una nueva denuncia expuso la propiedad de una casa en Tafí del Valle del polémico Diputado Nacional Carlos Cisneros, quien insiste en definirse como sindicalista defensor de los trabajadores, pese a que ya fueron expuestas varias empresas a su nombre y millonarias propiedades propias y de su círculo íntimo.
El 26 de febrero de 2021, Carlos Aníbal Cisneros compró a su nombre una casa de 3.284 metros cuadrados sobre la Ruta Provincial 307 en Tafí del Valle, por 12.000.000 de pesos, en una operación que el Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán asienta como «venta con autorización judicial». Cincuenta y siete días antes había jurado ante la Oficina Anticorrupción que toda su liquidez era de $4.328.912 pesos, según publicó El Tucumano. La casa figura en su declaración jurada cedida gratuitamente a alguien que no identifica.

Cisneros declaró inicialmente la propiedad como «recreo o veraneo». En la declaración jurada de 2024, el destino pasó a «recreo o veraneo / cesión gratuita». El valor declarado en 2024 es de 25.785.585 pesos (alrededor de 25.000 dólares al cambio oficial), muy por debajo de comparables de mercado en la zona (avisos piden entre 90 y 200 dólares por metro cuadrado, lo que ubicaría la propiedad entre 300.000 y 650.000 dólares).
Las propiedades documentadas
Entre las propiedades expuestas figuran la casa de 3.284 metros cuadrados en Tafí del Valle adquirida en febrero de 2021, la esquina de 2.046 metros cuadrados sobre Avenida Presidente Perón en Yerba Buena comprada en agosto de 2017 por $1.830.000 (valor actual superior al millón de dólares, con usufructo vitalicio a favor de Cisneros), las seis unidades en el complejo Terrazas Park adquiridas en 2021 y 2022 a Gustavo Adolfo Cisneros (dos departamentos de 154 y 171 metros cuadrados y cuatro unidades menores por $9.000.000 cada una, de las cuales solo declaró dos), un departamento en San Martín 650 comprado en marzo de 2024 por 5.000.000 de pesos, una casa-habitación en Yerba Buena ingresada en mayo de 2021, una casona de 579 metros cuadrados en Rivadavia 840 y un inmueble adicional de 3.284 metros cuadrados en Tafí del Valle declarado con cesión gratuita.
Las tres hijas de Cisneros —María Mercedes, Cecilia Mariana y María Marta— figuran como titulares de al menos seis departamentos de categoría en el barrio norte de San Miguel de Tucumán, además de operar Malaquita SRL (financiera) y Emprendimiento Turístico SRL, sociedad que explota el complejo de cabañas de lujo La Madrina y el restaurante Muppa Cocina Ritual en Tafí del Valle, valuado entre 3,7 y 5 millones de dólares sobre un terreno de aproximadamente 7.000 metros cuadrados a nombre de Juan Federico Petraglia.
Juan Federico Petraglia, empleado de la Caja Popular y socio en Emprendimiento Turístico SRL, registra al menos ocho inmuebles de alto valor adquiridos entre los 21 y los 25 años: cuatro unidades habitables, dos cocheras de subsuelo, un terreno privilegiado en Tafí del Valle y una casa en el country Alto Verde I. En 2024 adquirió tres unidades en General Paz 574 bajo la fórmula de «compra en comisión». En total, el círculo cercano acumula al menos 22 inmuebles documentados con escrituras.
Las empresas
Cisneros es socio único de Emprendimientos Argentinos SAS, creada en 2022 con facultades para designar permisionarios de los juegos del Hipódromo. Admitió su rol en la autorización de plataformas Pálpitos y TucuApuestas. Las hijas operan Malaquita SRL y Emprendimiento Turístico SRL. Petraglia es socio en esta última. Roberto Sagra controla operadoras como Pálpitos, NovoPlay, Maverick y Brothering’s. Gustavo Adolfo Cisneros fue socio mayoritario de Brothering’s y es socio fundador de Pulsarmind S.A.S. Cisneros también admitió participación importante en el multimedios Enterate.
Valijazo de $21.000 millones
Pero las inconsistencias de la vida financiera del diputado y su círculo tuvo otras novedades. La semana pasada se conoció que el Banco Macro, bajo directivas del Banco Central, activó el Legajo 9492 para que la Caja Popular identifique a los beneficiarios de extracciones en efectivo que equivalen a unos USD 17.000.000. Amparado en la Resolución 14/2023 de la UIF, el requerimiento exige nombres, CUIT y motivos de cada pago, advirtiendo que los retiros significativos de billetes rompen la trazabilidad y colocan a la institución en la antesala de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Con un promedio de $58 millones retirados por día, la mayor parte de este flujo ocurrió durante la gestión de José Díaz, el hombre recomendado por Carlos Cisneros, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia una «desviación de poder» y una deuda millonaria con el sistema de salud.

Tal como informó eltucumano.com, entre abril de 2025 y marzo de 2026, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán protagonizó un movimiento financiero que mantiene en alerta al sistema bancario y judicial: el retiro por ventanilla de $21.105.019.379,18 en efectivo. Esta cifra, equivalente a unos 17 millones de dólares, salió de las cuentas de la CPA en el Banco Macro en billetes, sin que hasta hoy exista un registro oficial de quiénes fueron los destinatarios finales.
Los tres primeros trimestres —más de $17.370 millones, el 82 por ciento del total— transcurrieron íntegramente bajo la gestión cisnerista de José Díaz. El cuarto, en cambio, está partido por el recambio de autoridades: el 23 de enero de 2026 el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a Díaz y puso al frente a la actual intervención de Guillermo Norry y Antonio Bustamante.
El desglose trimestral
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Abril–junio de 2025: $8.730.677.349,67 —el pico, casi 96 millones de pesos por día—.
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Julio–septiembre de 2025: $1.734.767.423,55 — casi cinco veces menos que el trimestre anterior—.
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Octubre–diciembre de 2025: $6.908.431.025,08 —el efectivo vuelve a dispararse—.
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Enero–marzo de 2026: $3.731.143.580,88.
El requerimiento del Banco Central, a través del Banco Macro, exige identificar beneficiario, CUIT y motivo de cada pago, junto con documentación de respaldo. La UIF advierte que los retiros significativos de efectivo rompen la trazabilidad.
La alarma no fue discrecional. El Banco Central disparó el Legajo 9492 el 18 de mayo de 2026. El fundamento legal es el artículo 38 de la Resolución 14/2023 de la UIF.
José César Díaz, recomendado por Cisneros, ocupó la intervención durante el período de mayor flujo. El Tribunal de Cuentas ha emitido dictámenes sobre balances que «no presentan razonablemente la información» y una deuda de $3.381 millones con el sistema de salud pública entre 2020 y 2023.
La fiscal Marta Mariana Rivadeneira tiene la investigación de la maniobra en sus manos. El sistema financiero dio el primer paso: si la Caja no puede explicar con nombres y apellidos quién se llevó los $21.000 millones, el Banco Macro deberá emitir el Reporte de Operación Sospechosa.

