Las denuncias sobre irregularidades durante la gestión cisnerista en la Caja Popular de Ahorros no tienen fin. Ahora, por requerimiento del Banco Central, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), exigió al Banco Macro e intimó a la Caja Popular de Ahorros a justificar, uno por uno, beneficiario, clave tributaria, motivo y respaldo de extracciones que suman 21.105 millones de pesos.
La investigación se centra en la gestión del exinterventor José César Díaz, estrechamente vinculado a Carlos Cisneros. El Tribunal de Cuentas y la UIF analizan operaciones de retiro de efectivo por ventanilla en el Banco Macro que alcanzaron los 21.105 millones de pesos durante el período bajo influencia cisnerista en la Caja Popular.
José Díaz, recomendado por Cisnerossegún sus propias declaraciones públicas, ocupó la intervención de la Caja Popular entre 2018 y enero de 2026. Durante su gestión se registraron las extracciones masivas que ahora deben ser justificadas individualmente: beneficiario, CUIT, motivo y documentación respaldatoria.
El efectivo de la Caja Popular de Ahorros que se llevaron en valijas, trimestre por trimestre. Los números que el Banco Macro puso sobre la mesa, trimestre por trimestre, son estos:
- Abril–junio de 2025: $8.730.677.349,67 —el pico, casi 96 millones de pesos por día—.
- Julio–septiembre de 2025: $1.734.767.423,55 — casi cinco veces menos que el trimestre anterior—.
- Octubre–diciembre de 2025: $6.908.431.025,08 —el efectivo vuelve a dispararse—.
- Enero–marzo de 2026: $3.731.143.580,88 —ya con la nueva intervención—.
En total, $21.105.019.379,18 millones de pesos en doce meses —equivalente a unos USD 17.000.000 al tipo de cambio de cada trimestre—: un promedio cercano a los $58.000.000 por día. La meseta del segundo trimestre es la pregunta que el propio requerimiento invita a mirar: un descenso tan abrupto en medio de la corriente puede ser un cambio de modalidad, un período de menor actividad o un dato incompleto; en cualquier caso, no es un detalle menor.
Un dato precisa a quién apunta ese año de efectivo. Los tres primeros trimestres —más de $17.370 millones, el 82 por ciento del total— transcurrieron íntegramente bajo la gestión cisnerista de José Díaz. El cuarto, en cambio, está partido por el recambio de autoridades: el 23 de enero de 2026 el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a Díaz y puso al frente a la actual intervención de Guillermo Norry y Antonio Bustamante. De modo que el período que el requerimiento manda justificar no termina con el cisnerismo: se interna en las primeras semanas de la nueva conducción, a la que está dirigido el requerimiento.
Cuánto de esos $3.731 millones de enero a marzo salió antes y cuánto después del 23 de enero es, también, parte de lo que la Caja deberá desglosar. Por eso el requerimiento no interpela sólo al pasado: está dirigido a Guillermo Norry, el interventor actual, que deberá responder por un año mayormente heredado pero que se cierra bajo su propia gestión. El período auditado atraviesa el recambio, y eso deja una constancia incómoda para los dos lados de la interna peronista: el problema no es de un color político; es de la Caja como institución.
Corresponde marcar el límite de lo que este documento prueba: acredita que la Caja retiró en billetes más de $21.105 millones y que el banco le exigió justificarlos bajo la ley antilavado; no prueba el destino de los fondos ni la comisión de delito alguno, algo que sólo pueden determinar la UIF y los jueces. Pero el sentido del efectivo es inequívoco: a diferencia de la transferencia o el cheque, rompe la trazabilidad, y que el banco deba reclamar beneficiario por beneficiario significa que, a la fecha de la intimación, no consta quién se llevó ese dinero público.
