El conflicto institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) suma un nuevo capítulo con la presentación de una tercera denuncia por incumplimiento de la medida cautelar, en la que los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala exigen a la Justicia Federal que se autorice su asunción como rector y vicerrectora en la sesión prevista para el viernes 28 de mayo.
El abogado Gonzalo Casas, apoderado de Cabrera y Abdala, presentó un escrito ante el Juzgado Federal N.º 2 en el que sostiene que la UNT violó la medida dictada por la Cámara Federal al suspender la Asamblea Universitaria y postergar la convocatoria para el 10 de junio. Casas solicitó al juez que requiera con urgencia a la universidad la revocación de esas decisiones para garantizar la proclamación y juramento de sus clientes en la fecha prevista.
El escrito destaca, además, una crítica directa y fundamentada al propio Juzgado Federal N.º 2, al que responsabiliza parcialmente por la crisis que afecta a la institución. Señala “llamativos defectos” a lo largo del proceso, tales como una demora injustificada para elevar la causa a la Cámara pese a que el recurso ya estaba contestado, la exigencia de requisitos inexistentes en el artículo 322 del Código Procesal, la desatención de jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema sobre el “acto en ciernes”, y la infravaloración de declaraciones públicas del rector Pagani, grabadas y certificadas por escribano, tratadas como “simples trascendidos periodísticos”.
Según el escrito, la Cámara subsanó estos errores con justicia, pero la tardanza inicial permitió que el conflicto llegara al nivel actual.
El fundamento procedimental señala que, al devolver la causa a primera instancia y reservarse la Cámara el planteo de nulidad presentado por la UNT, el Juzgado N.º 2 quedó encargado del control del cumplimiento de la cautelar. Casas recuerda que los recursos no suspenden la ejecutoriedad de las medidas cautelares, por lo que la jueza tiene la obligación de supervisar que la universidad cumpla la orden judicial y actuar frente al reiterado incumplimiento denunciado.
El tiempo apremia, pues el artículo 189 del Estatuto universitario establece que los mandatos del rector y vicerrector vencen en la segunda quincena de mayo, y el artículo 192 fija que sus sucesores deben ser electos en ese mismo lapso. La fecha del juramento, el 28 de mayo, coincide con la constitución formal del nuevo Consejo Superior, lo que para los denunciantes torna irregular al cuerpo que sesionó y postergó la Asamblea el pasado domingo.
Los actores advierten que, si el juez no interviene antes de esa fecha, la UNT permanecerá en acefalía sin mecanismo estatutario que resuelva la situación.
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