La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuentra inmersa en una de sus crisis institucionales más profundas en años, tras la activación de dos protocolos de género y la denuncia de más de treinta alumnas contra un estudiante que ejercía como ayudante de cátedra y consejero estudiantil. Además, otro trabajador no docente también fue denunciado formalmente por violencia de género.
Las denuncias iniciaron la implementación del Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación, dando pie a una serie de asambleas multitudinarias, comunicados institucionales y reclamos colectivos que permanecen en curso dentro de la comunidad universitaria.
El estudiante denunciado presuntamente solicitaba a sus compañeras credenciales de acceso a correos electrónicos, al Campus Virtual y al sistema SIU bajo supuestos motivos académicos o de representación. Con esa información y pedidos de “favores”, habría ingresado sin autorización a cuentas personales y accedido a fotografías privadas almacenadas en la nube. Estas situaciones se remontan a 2022 y afectarían a más de treinta alumnas, según testigos en asambleas públicas.
La Facultad, en un comunicado oficial, recordó que las claves de acceso son personales e intransferibles y advirtió que el acceso no autorizado, la invasión a la intimidad y el ciberacoso constituyen formas de violencia de género sancionadas bajo la Ley Olimpia (Nº 27.736).
Hasta el cierre de esta nota no se habían formalizado denuncias penales, aunque las afectadas se encuentran en proceso de organización para proceder en ese sentido, según expresan en redes sociales.
Gabriela González, secretaria de Extensión y responsable del Espacio de Género y Diversidad de la UNT, confirmó que las denuncias están en trámite, aclarando que un primer contacto no equivale a una denuncia formal. Patricia Gerbán, desde Asuntos Jurídicos, subrayó el carácter reservado del procedimiento para proteger la identidad de las víctimas.
No obstante, en las asambleas se cuestionó la lentitud del proceso y la falta de medidas provisionales, dado que las denuncias informales circulaban en el Centro de Estudiantes desde 2022 sin que se dictaran suspensiones preventivas. Sobre el caso del trabajador no docente, se señaló que solo sufrió cambio de turno y no modificación en su lugar de trabajo, pese a que el protocolo prevé suspensiones por hasta 90 días.
El 18 de mayo, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CUEFyL), liderado por La Bolívar MPE, afirmó haber tomado conocimiento reciente de las denuncias y que el estudiante denunciado ya no integra la organización. Sin embargo, varios testimonios indican que la situación fue conocida con anterioridad y que no se actuó a tiempo. El CUEFyL, además, publicó un comunicado con el nombre del acusado sin consultar a las víctimas, contradiciendo su posición contraria al escrache público.
El 21 de mayo, una asamblea extraordinaria convocada por estudiantes de Trabajo Social en el Ágora derivó en la creación unánime de comisiones de Género y Diversidad por carrera y generales, la suspensión preventiva de los acusados y el pedido de que la Facultad se constituya querellante en cinco días hábiles. Se criticó al CUEFyL por su inacción y se exigió revisión del protocolo institucional, junto con la implementación de programas de seguridad digital para ingresantes. La próxima acción prevista es una sentada frente a la facultad el 28 de mayo.
El 22 de mayo, la carrera de Ciencias de la Educación convocó a una nueva reunión con la participación de víctimas, donde se repitió la solicitud de exclusión de una persona acusada de acoso, generando tensión. En ese mismo día circularon en redes sociales panfletos con fotos y datos de los denunciados y un tercer joven, a pesar de que las víctimas habían pedido evitar ese tipo de escrache.
Frente a la incertidumbre institucional, comenzaron a difundirse mensajes invitando a las afectadas a acudir a la justicia penal, señalando que la Unidad Fiscal de Género N.º 3 está disponible mediante la línea telefónica 381-599-1371. También se recuerda la línea nacional 144, que ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas.
El 22 de mayo, la Facultad y la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) emitieron comunicados. La Facultad destacó la intervención inmediata del Espacio de Género y Diversidad desde que tuvo conocimiento del caso, antes de que fuera de dominio público. La FUT expresó su “más enérgico repudio”, identificó al acusado como integrante de MPE y reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia de género en la universidad.
El 24 de mayo, Lucía Gastaminza, presidenta de La Bolívar y del CUEFyL, publicó una carta abierta donde reconoció que hacía una semana se descubrió la presencia de “un compañero abusador” en la organización. Se disculpó con las víctimas y garantizó su compromiso para transformar las instituciones con miras a un entorno libre de violencia.
Estos pronunciamientos surgen tras días de reclamos por la falta de respuestas en vísperas de la sentada convocada, en un contexto político marcado por las próximas elecciones estudiantiles entre el 16 y 17 de junio. En las asambleas, algunas estudiantes recordaron la toma de la facultad en 2013 ante casos similares de abuso, evidenciando una memoria histórica y una respuesta organizada sostenida en la comunidad universitaria.
https://www.contextotucuman.com/nota/386381/mas-de-30-alumnas-apuntan-por-acoso-a-un-estudiante-ayudante-de-catedra-en-filosofia-y-letras-de-la-unt.html
