La Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA) enfrenta una grave denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán. Un afiliado, José Manuel Quesada, acusa a las actuales autoridades de liderar un presunto esquema de administración fraudulenta, malversación de fondos de la seguridad social, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos.
El denunciante solicitó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la apertura de una investigación penal contra el presidente de OSPIA, Juan Ramón Correa; el tesorero Carlos Castillo; y otros miembros de la conducción, así como de allegados familiares de estos directivos.
Según la denuncia, desde 2021 se habría implementado un mecanismo sistemático para desviar fondos provenientes de los aportes de los trabajadores azucareros hacia circuitos privados y empresas vinculadas a familiares y allegados de los directivos.
El documento señala maniobras consistentes en sobrefacturación de prestaciones médicas, uso de proveedores ‘pantalla’, extracción de dinero en efectivo, pagos sin respaldo documental y movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por los implicados.
Uno de los aspectos más preocupantes se centra en el área de discapacidad, donde se habría efectuado la desafiliación unilateral de beneficiarios electrodependientes o postrados ante el elevado costo que representaban para la obra social. Paralelamente, la facturación por carpetas de integración habría experimentado un incremento meteórico desde la llegada de la nueva gestión.
La denuncia también acusa incumplimientos sistemáticos en la cobertura de medicamentos de alto costo, cirugías y tratamientos incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que ha obligado a numerosos afiliados a recurrir a amparos judiciales para obtener prestaciones básicas. Además, se denunciaron reiteradas demoras en la entrega de medicación oncológica y tratamientos crónicos.
Otro punto crítico consiste en la existencia de un esquema de facturación apócrifa a través de empresas aparentemente creadas para emitir comprobantes falsos por servicios e insumos médicos. Se mencionan específicamente compañías vinculadas a ortopedia y prestaciones traumatológicas, que concentraron contrataciones millonarias.
De acuerdo con Quesada, parte de los fondos presuntamente desviados se habrían dirigido a la adquisición de bienes personales y operaciones inmobiliarias vinculadas a Correa y su entorno familiar, incluyendo una vivienda en Tafí del Valle, propiedades en Barrio Norte y vehículos de alta gama que, según la denuncia, no corresponderían a sus ingresos formales.
El denunciante solicitó el levantamiento del secreto bancario de los acusados, el análisis de transferencias, la revisión de cuentas y cajas de seguridad, y auditorías sobre las contrataciones de OSPIA desde 2021 hasta la actualidad.
Además, la denuncia involucra a empleados administrativos, miembros del Consejo Directivo, prestadores médicos y familiares de los directivos, presuntamente implicados en maniobras de triangulación de fondos y emisión irregular de órdenes de pago.
Quesada pidió medidas urgentes para evitar la destrucción de pruebas, lustró al secuestro de documentación contable y administrativa y solicitó la inhibición de bienes de los imputados, así como la apertura de investigaciones por posible lavado de activos.
Hasta el momento, las autoridades de OSPIA no emitieron declaraciones públicas sobre esta denuncia presentada en la justicia federal.
https://www.contextotucuman.com/nota/385634/denuncian-el-vaciamiento-millonario-de-la-obra-social-azucarera-ospia-y-apuntan-a-sus-maximas-autoridades.html
