El proyecto de ley de biocombustibles presentado en el Senado por legisladores de La Libertad Avanza abrió un debate en la industria sucroalcoholera tucumana. La iniciativa propone aumentar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, permitir la comercialización directa del combustible renovable y habilitar la circulación de vehículos con motores flex. Para Máximo Bulacio, presidente del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), aunque el texto contiene aspectos positivos, cualquier modificación debe implementarse con previsibilidad, análisis integral y tiempos adecuados.
Bulacio destacó el incremento del corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, lo que facilitaría una mayor participación en el mercado de combustibles de bioetanol producido tanto a partir de caña de azúcar como de maíz. “Un aumento de 3 puntos porcentuales sobre el 12% vigente es beneficioso e interesante”, afirmó, aunque subrayó que el verdadero impacto dependerá de la regulación de su comercialización y del acceso al consumo directo.
Entre los puntos más valorados por el dirigente está la posibilidad de impulsar motores flex, tecnología que permite la utilización indistinta de nafta o bioetanol. Bulacio evocó el ejemplo de Brasil, donde esta tecnología está consolidada, e insistió en la capacidad industrial argentina para producirla, aunque se carecía de un marco normativo que lo autorizara. “Ahora tendríamos esta posibilidad: el consumidor podría elegir bioetanol o combustible”, indicó.
El presidente del CACTU también consideró que la venta directa de bioetanol representa una oportunidad para provincias productoras como Tucumán. Explicó que, bajo el esquema actual, el bioetanol se mezcla obligatoriamente con nafta, y posteriormente las provincias adquieren el combustible mezclado, lo que genera costos logísticos. Un sistema de comercialización directa permitiría optimizar la producción local y reducir gastos.
En cuanto a la competencia entre bioetanol de caña y de maíz para el porcentaje adicional del corte, Bulacio señaló que el sector deberá adaptarse. El sistema vigente garantiza cupos y demanda obligatoria, estabilizando el stock de azúcar, pero la apertura al consumo directo podría ampliar el mercado y compensar las modificaciones. “Si uno analiza la situación, podríamos consumir lo mismo o incluso más”, afirmó, defendiendo un equilibrio entre competencia y colaboración dentro del sector.
El dirigente reconoció que el proyecto podría generar resistencia, dado que modifica reglas de juego conocidas y establece precios y cupos que aportan seguridad a productores e industriales, pero limitan la exploración de nuevos mercados. “El cambio es un desafío, y el miedo es natural ante lo desconocido”, afirmó.
Sin embargo, Bulacio insistió en que el verdadero riesgo radica en la forma de aplicación. Una reforma abrupta obligaría a modificar logística, administración, contratos y procesos internos de manera demasiado rápida. “La ley requiere un proceso gradual que establezca plazos y metodologías claras para transitar de la situación actual a la futura”, concluyó.
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