Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos contestaron a las declaraciones de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y reafirmaron el respaldo al proyecto de ordenanza que presentaron para crear un régimen administrativo que permita a los vecinos reclamar indemnizaciones cuando sufran accidentes vinculados al mal estado de calles y veredas.
La jefa municipal cuestionó la iniciativa tras inaugurar la repavimentación de la Avenida Mitre, señalando que “cuando uno está legislando se tiene que dedicar a legislar y cuando uno es Ejecutivo, es Ejecutivo”. Además, recordó que el Municipio ya cuenta con un seguro para atender este tipo de situaciones y atribuyó la propuesta a una supuesta falta de experiencia de los concejales responsables.
Chahla agregó que cada caso debe analizarse individualmente, y pidió a la oposición “mayor responsabilidad” y “plantear soluciones basadas en situaciones reales y no acciones mediáticas”. En relación a las prioridades del Ejecutivo, manifestó que “la obra hídrica es fundamental para evitar inundaciones” y que el municipio actúa con un “cuidado y eficiencia” para el uso de los recursos públicos.
En respuesta, Canelada consideró que la intendenta debería mostrar “más apertura al diálogo y menos tendencia a descalificar”. “Cuando se tiene la convicción de que solo el Ejecutivo tiene razón y no se escuchan advertencias, terminan produciéndose tropiezos institucionales”, advirtió.
El edil planteó que la discusión central debe centrarse en las problemáticas cotidianas de los vecinos, quienes siguen enfrentando accidentes y daños en sus vehículos debido al deterioro vial. “Nuestro proyecto busca delinear cómo el Estado municipal debe responder frente a estas situaciones que afectan a la comunidad”, sostuvo.
Por su parte, Cobos precisó que la iniciativa no pretende suplantar funciones del Ejecutivo, sino establecer un marco normativo para ordenar y flexibilizar el tratamiento de los reclamos ciudadanos. “Esta propuesta se enmarca en las atribuciones del Concejo Deliberante, que debe legislar, controlar y generar herramientas regulatorias ante problemas concretos”, explicó.
El concejal atribuyó la crítica de la intendenta a un desconocimiento sobre la división de poderes e insistió en que el objetivo es ofrecer “una vía concreta para que los vecinos afectados por el mal estado de la infraestructura urbana puedan reclamar”.
“Mientras las calles permanecen en mal estado, los vecinos continúan sufriendo daños y accidentes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol: legislar, controlar y defender los intereses de la comunidad”, concluyó.
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