La Justicia de Tucumán ordenó la detención de los principales responsables de una concesionaria de automóviles radicada en Yerba Buena, imputados por una serie de maniobras fraudulentas que habrían generado perjuicios económicos de magnitud a múltiples víctimas.
El juez Guillermo José Di Lella, del Centro Judicial Capital, dispuso las medidas a pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2. La investigación involucra a Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, vinculados a la firma DG Cars (o DG Automotores), con sede en avenida Solano Vera 945 de esa localidad.
Según la resolución judicial, las denuncias acumuladas revelan un patrón reiterado de conductas irregulares en operaciones de compraventa y consignación de vehículos. El legajo principal (S-104861/2025) reúne al menos diez actuaciones con modalidades similares, lo que permitió a los investigadores identificar un presunto *modus operandi* sistemático.
Entre los casos documentados figura el de una compradora que, tras gestionar un crédito prendario por $11.520.000 y abonar una suma adicional en efectivo, nunca recibió la Ford Ranger adquirida. La situación habría derivado incluso en una exigencia extorsiva de $4.000.000 por parte de un tercero. Otro damnificado entregó su Volkswagen Nivus libre de deudas a cambio de un Toyota Yaris que, según la denuncia, se encontraba prendado y en ejecución bancaria; al reclamar, habría recibido amenazas.
También se investiga la transferencia de $3 millones en concepto de seña para la compra de un Ford Fiesta que nunca se concretó. Las operaciones se habrían canalizado a través de varias sociedades vinculadas: DG Cars, DG Automotores, Credigroup S.A.S., Consulting Group S.A.S. y Credicar.
El magistrado autorizó allanamientos simultáneos en domicilios relacionados con los imputados, junto con el secuestro de documentación comercial, contratos, formularios 08, títulos de propiedad, comprobantes, agendas, registros contables y dispositivos electrónicos. Se ordenó además el decomiso de dinero en efectivo de origen no justificado y de rodados mencionados en las denuncias, con el propósito de reconstruir el circuito financiero y comercial de las transacciones.
Díaz Vier es señalado como uno de los operadores principales, con intervención directa en negociaciones, recepción de vehículos y dinero, y contactos con las víctimas. García aparece vinculada a la administración y a cuentas bancarias receptoras de fondos, mientras que Goitea habría participado en ventas presuntamente irregulares. La carátula menciona también a Pedro García, aunque su rol procesal se definirá en el avance de la pesquisa.
La causa fue caratulada provisoriamente como estafa (artículo 172 del Código Penal), que prevé penas de uno a seis años de prisión. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Blanno, quien busca determinar el monto total del perjuicio, identificar posibles nuevas víctimas y establecer si hubo otros partícipes.
Desde la defensa, el abogado Patricio Char cuestionó la calificación penal y planteó que se trataría de incumplimientos contractuales derivados de la crisis económica, más que de maniobras dolosas. “El derecho penal exige dolo y una maniobra fraudulenta concreta, no simplemente la imposibilidad de afrontar obligaciones en un contexto crítico”, sostuvo el letrado.
La pesquisa continúa con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y resguardar los derechos de las víctimas en un mercado automotor que exige transparencia y responsabilidad.
