Lo que parecía un destino inevitable hacia el archivo judicial ha tomado un rumbo inesperado. En una audiencia cargada de tensión institucional, la Justicia tucumana resolvió no clausurar la investigación por la muerte de Lucila Nieva, la joven cuyo fallecimiento en circunstancias dudosas ha movilizado a la opinión pública. La decisión sobrevino tras una reunión clave entre las partes, donde la querella logró exponer inconsistencias que tornaban prematuro el cese de las actuaciones.
El Ministerio Público Fiscal, que inicialmente se encaminaba a solicitar el sobreseimiento o el archivo por falta de pruebas concluyentes, debió ceder ante el planteo de la familia de la víctima. El argumento central para mantener vivo el proceso radica en la necesidad de profundizar en peritajes técnicos y testimonios que, hasta el momento, habrían sido soslayados o procesados con una celeridad cuestionable.
La resolución no solo representa un alivio para los allegados de Nieva, sino que también pone bajo la lupa la eficacia de los protocolos de investigación en casos de muertes violentas o dudosas en la provincia. «No buscamos culpables de forma azarosa, buscamos la verdad material de los hechos», señalaron fuentes cercanas a la querella, en un tono que refleja la desconfianza hacia los estamentos iniciales del proceso.
Con la causa nuevamente en movimiento, se espera que en las próximas semanas se sustancien nuevas medidas de prueba. El desafío para la justicia tucumana ahora es doble: otorgar respuestas claras a una familia desgarrada y demostrar que el sistema es capaz de corregir su propio rumbo antes de que el paso del tiempo consagre la impunidad.