La vulnerabilidad de los entornos escolares vuelve a situarse en el centro del debate público en Tucumán. Una nueva denuncia por presunto acoso sexual, que involucra a un docente de nivel primario y a una alumna de apenas 11 años, ha puesto en marcha un complejo engranaje judicial y administrativo en la capital provincial. El caso, que se maneja bajo un estricto hermetismo para salvaguardar la identidad de la menor, se suma a una preocupante secuencia de reportes similares que han sacudido al sistema educativo local en las últimas semanas.
La presentación judicial fue realizada por la madre de la estudiante en una dependencia policial especializada. Según el relato que consta en las actuaciones, el hostigamiento se habría manifestado a través de mensajes de texto y comunicaciones en redes sociales con contenido impropio para el vínculo pedagógico. Estas pruebas, que incluyen capturas de pantalla de diálogos digitales, ya han sido puestas a disposición de la fiscalía interviniente para su peritaje técnico.
Ante la gravedad de los hechos descritos, se han activado de manera inmediata los protocolos de actuación previstos por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnayf). Como medida preventiva, el docente ha sido apartado de su cargo y se le ha prohibido cualquier tipo de contacto con la institución y con la alumna afectada, mientras se sustancian las investigaciones penales y el sumario administrativo correspondiente.
Este nuevo episodio reaviva la inquietud de las familias tucumanas sobre la eficacia de los controles institucionales y la idoneidad de quienes están al frente de las aulas. Fuentes judiciales señalaron que la investigación se encuentra en una etapa incipiente, centrada en la Cámara Gesell y en la declaración de testigos que puedan ratificar o ampliar lo denunciado por la progenitora.
La respuesta institucional, si bien necesaria, llega en un momento de alta sensibilidad social. Expertos en derecho de familia y educación advierten que la repetición de estos casos exige un replanteo profundo de los mecanismos de prevención y de la trazabilidad de las conductas docentes fuera del horario lectivo. Mientras la justicia busca determinar la responsabilidad penal del acusado, la comunidad educativa de la capital tucumana enfrenta el desafío de restaurar un clima de confianza que hoy, tras estas denuncias, se percibe profundamente fracturado.