Las hijas del diputado nacional Carlos Cisneros desistieron formalmente de la medida autosatisfactiva que habían promovido contra el portal El Tucumano para suprimir publicaciones periodísticas basadas en registros públicos, y no comparecieron a la audiencia fijada para este lunes 20 de abril en el fuero civil y comercial provincial. Pese al desistimiento, la jueza Andrea Abate llevó adelante el acto procesal, que se extendió por casi una hora con la sola presencia de los abogados de las demandantes y de los representantes del medio.
El escrito de desistimiento fue presentado el viernes 17 de abril pasadas las 23.30 por el abogado Juan Andrés Robles, pero ingresó al sistema judicial recién el lunes a las 7. Los demandados —Julio Rafael Valenzuela y Lucía Guadalupe Valenzuela, por Numen S.R.L., editora de El Tucumano— fueron notificados de la decisión a las 9.15 de este lunes. En el documento, las actoras reconocieron expresamente que la vía de la tutela autosatisfactiva “no era la idónea” y que el proceso había perdido su finalidad.
En el escrito de desistimiento, Robles detalló las razones conceptuales y fácticas del apartamiento. Recordó que las medidas autosatisfactivas en materia de prensa son “soluciones jurisdiccionales urgentes y autónomas, despachadas inaudita altera pars, cuyo objetivo principal es hacer cesar de inmediato la difusión de contenidos que violan derechos personalísimos”. Sin embargo, en la provincia de Tucumán el trámite exige notificación al demandado, realización de audiencia y el transcurso del tiempo hasta la sentencia, circunstancias que, a juicio de las demandantes, impidieron la tutela inmediata.
La audiencia se celebró de todos modos. Convocada originalmente para las 11, comenzó cerca de las 12 y se desarrolló en formato remoto conforme al Protocolo de Audiencias Remotas aprobado por la Acordada 342/20 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
En el acto virtual se produjo la sorpresiva incorporación de José Díaz a la representación de las hijas de Cisneros. La magistrada expresó su extrañeza ante la falta de pedido formal previo de apersonamiento, lo que generó una demora hasta que el escrito llegó al juzgado por supuestos “problemas de conexión”. Una vez aceptada su participación, Díaz sostuvo que continuar con la audiencia tras el desistimiento era “una pérdida de tiempo”. La jueza lo contradijo con firmeza y le recordó que el acto se había convocado precisamente a pedido de la parte que él ahora representaba.
La magistrada consultó si las demandantes comparecerían y requirió explicación por su ausencia, tratándose de una medida que ellas mismas habían impulsado y que había movilizado al Poder Judicial. Subrayó que resultaba “inadecuada” su incomparecencia.
Por su parte, los representantes de El Tucumano ratificaron su voluntad de seguir adelante pese al desistimiento. El Dr. Macario Santamarina, patrocinante de Julio Rafael Valenzuela (socio gerente de Numen S.R.L.) y Lucía Guadalupe Valenzuela, expuso las defensas articuladas en el escrito de contestación presentado con anterioridad. En primer término, opuso la inidoneidad de la vía procesal elegida (art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán), por no cumplirse los cuatro presupuestos concurrentes exigidos por la norma: ausencia de conducta contraria a derecho (las publicaciones se amparan en el art. 11 de la Ley 25.188 sobre declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, en la Ley 26.857 y en el principio de máxima divulgación de la Ley 27.275), falta de prueba del daño, pretensiones que exceden una solución de urgencia y dependencia de un proceso principal inexistente.
Citó el precedente firme del Dr. Santiago José Peral en Saab c/ Numen S.R.L. (expte. 972/26, sentencia del 20 de marzo de 2026), que rechazó cinco días antes una autosatisfactiva idéntica contra el mismo medio.
Negó categóricamente que las publicaciones contuvieran afirmaciones falsas, calumniosas o injuriantes: toda la información proviene de fuentes documentales públicas y verificables (Boletín Oficial, Registro Público de Comercio, Registro Inmobiliario, Catastro). Afirmó que las actoras no son personas privadas en el sentido jurídico relevante, pues son socias gerentes y fundadoras de sociedades comerciales de objeto financiero e inmobiliario cuya constitución fue publicada en el Boletín Oficial y cuyo patrimonio integra por mandato legal la declaración jurada de un diputado nacional en ejercicio. Por ende, se trata de información de inequívoco interés público.
Valenzuela, por su parte, aclaró ante la jueza que él y su hermana se habían puesto “a disposición de la Justicia, como es el deber editorial y moral de cualquier periodista o comunicador comprometido con la sociedad a la que informa y protege”. “Estamos aquí dando la cara, a diferencia de las denunciantes”, concluyó.
Los artículos cuestionados por las demandantes ya integran una denuncia penal radicada el 15 de abril ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán contra Carlos Cisneros, sus hijas y Federico Petraglia por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de instrumento público, con pedido de acumulación a la causa por trata de personas y asociación ilícita. El art. 1775 del Código Civil y Comercial suspende el dictado de sentencias civiles mientras dure el proceso penal.
De este modo, la causa provincial quedó sin avance sustantivo por decisión exclusiva de las demandantes, mientras que la información periodística continúa su curso en la Justicia Federal. El trámite judicial se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el periodismo independiente y sectores de poder en Tucumán, donde la invocación inicial de la perspectiva de género había sido utilizada para solicitar una suerte de “perimetral mediática” contra publicaciones basadas exclusivamente en datos de registros públicos.
En definitiva, el desistimiento de una medida a todas luces grave para la libertad de expresión es una victoria para la prensa y los comunicadores de Tucumán.