La querella que representa a la familia de Jonathan Emmanuel Rodríguez, de 22 años, presentó una grave denuncia ante la Justicia por presunta tortura seguida de muerte ocurrida mientras el joven se encontraba bajo custodia policial en una comisaría de Simoca.
Rodríguez fue aprehendido el sábado 4 de abril. Horas después, según la presentación judicial, ingresó en estado crítico a un centro de salud y falleció días más tarde. La causa, que inicialmente investigaba las circunstancias de la muerte, fue recaratulada como homicidio y ahora incorpora elementos que apuntan a un posible caso de violencia extrema durante la detención.
El abogado Benjamín Núñez, representante de la familia, expuso ante el expediente datos de la historia clínica que, a su juicio, revelan un cuadro de “extrema violencia”. Entre los indicadores figuran un valor de creatinfosfoquinasa (CPK) de 26.524 U/L —extremadamente elevado—, insuficiencia renal aguda con anuria, acidosis metabólica severa y múltiples lesiones físicas, entre ellas hematomas y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.
Según la querella, este conjunto de hallazgos es “altamente compatible” con rabdomiólisis secundaria a daño muscular intenso, con evolución hacia un compromiso multiorgánico. Núñez remarcó que el nivel de CPK detectado en las primeras 24 horas coincide con la curva evolutiva típica de esa enzima, que alcanza su pico entre las 24 y 48 horas posteriores a un trauma muscular significativo. “Ese dato fortalece la hipótesis de que las lesiones fueron previas al ingreso hospitalario”, sostuvo.
La defensa cuestionó con firmeza la hipótesis inicial de una posible intoxicación por sustancias, que —según argumentó— no surgió de un diagnóstico médico concluyente sino de información proporcionada por personal policial, sin respaldo científico autónomo en esa etapa. “Los datos clínicos ya reunidos no pueden ser relativizados”, afirmó Núñez, y reclamó que la investigación avance sobre la base de la evidencia disponible sin supeditarse exclusivamente a pericias pendientes, como los estudios toxicológicos complementarios.
El informe preliminar de autopsia confirmó la presencia de lesiones físicas y describió el estado de los órganos, aunque aún no permite establecer la causa definitiva de muerte a la espera de esos análisis adicionales. La familia exige, además, la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría y la identificación de todos los efectivos que tuvieron a cargo la custodia del joven.
La querella invocó los estándares del Protocolo de Estambul, instrumento internacional que establece pautas para la investigación efectiva e independiente de posibles actos de tortura o malos tratos. “Los posibles hechos de violencia deben analizarse de manera integral, independiente y libre de interferencias externas”, señalaron.
Hasta el momento no se han informado medidas concretas sobre eventuales imputaciones a efectivos policiales, aunque la Justicia tucumana mantiene abierta la investigación con una calificación penal agravada.
El caso ha generado conmoción en Simoca y renovadas demandas de la familia, que durante el velorio del joven —conocido como “Nando”— ya había expresado su convicción de que fue detenido en buen estado de salud y sin oponer resistencia.
La investigación continúa en busca de establecer con precisión lo ocurrido durante las horas que Rodríguez permaneció en la seccional policial.