La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo este lunes un revés judicial para el Gobierno en su reclamo contra la ley de modernización laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de 82 artículos de la ley 27.802.
La resolución ordena la suspensión provisoria de esas disposiciones hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma. El fallo reconoce la legitimación de la CGT para actuar en representación colectiva de los trabajadores y advierte sobre el “peligro en la demora” que implicaría la ejecución inmediata de la reforma.
Entre las disposiciones afectadas se encuentran la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho de huelga y la derogación de la ley de teletrabajo. La CGT había argumentado que la reforma introduce “modificaciones peyorativas y permanentes” que vulneran derechos constitucionales como la protección contra el despido arbitrario, el principio de progresividad y la libertad sindical.
En su resolución, el juez Ojeda sostuvo que “la presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho, siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío”. Agregó que la intervención de un Poder Judicial independiente resulta indispensable en la República.
El magistrado enfatizó que la ejecución de normativas como los Fondos de Asistencia Laboral o la deshomologación de convenios colectivos “podría generar daños irreparables” si, al momento de la sentencia final, se declarara la inconstitucionalidad de la ley. “No suspender la ley de forma inmediata podría causar daños irreparables y generar una grave inseguridad jurídica”, indicó.
La cautelar fue promovida por el triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo. Ahora corresponde al mismo juez resolver el fondo del planteo, aunque el Gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar la medida ante instancias superiores.
Ojeda se desempeña como juez laboral desde 2012. Antes había sido empleado judicial y jefe de asesores del exministro de Trabajo Carlos Tomada durante el kirchnerismo.
La ley 27.802, sancionada y promulgada a comienzos de marzo, forma parte de las iniciativas del Gobierno de Javier Milei orientadas a flexibilizar el mercado laboral y reducir costos para las empresas. La CGT la cuestiona en múltiples frentes judiciales, en un contexto de fuerte tensión entre la central obrera y el Ejecutivo.