La investigación por presunto tráfico de influencias que involucra a Luis Alejandro Ontiveros registra un nuevo elemento de prueba. Según el requerimiento fiscal, una imagen almacenada en su celular —una captura de pantalla de un mail judicial— demostraría que el imputado accedió o tuvo conocimiento anticipado de información reservada vinculada a la causa penal que afectaba al hijo del denunciante.
El caso, a cargo del juez federal José Manuel Díaz Vélez, se originó con la denuncia presentada el 29 de abril de 2025 por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El denunciante afirmó que Ontiveros le ofreció, en al menos tres oportunidades entre marzo de 2023 y abril de 2025, gestionar resoluciones favorables en el expediente de su hijo Jerónimo Martínez Parada —tramitado en la justicia federal de Catamarca— a cambio de sumas que oscilaron entre 80.000 y 100.000 dólares.
El fiscal subrogante Agustín Chit solicitó recientemente la citación a declaración indagatoria de Ontiveros por el delito de tráfico de influencias agravado. El requerimiento se sustenta en un conjunto de evidencias que incluye testimonios, audios, chats, geolocalizaciones, análisis de antenas telefónicas, registros fílmicos y pericias informáticas realizadas al dispositivo móvil del investigado.
Precisamente, en el marco de esas pericias surgió la captura de pantalla mencionada, que según la acusación habría sido utilizada para demostrar al denunciante que se contaba con datos importantes y actualizados de la causa. Este elemento reforzaría la hipótesis de que Ontiveros disponía de información privilegiada derivada de su cercanía con el camarista federal Mario Leal, cuya vocalía intervino en el incidente procesal referido.
La pesquisa también reconstruyó reuniones concretas: una en marzo de 2023 en un bar del microcentro tucumano y otras dos en abril de 2025 en Yerba Buena. En esos encuentros, Ontiveros habría detallado el estado de la causa, mencionado que su esposa, Solana Esther Casella —relatora de la vocalía de Leal—, tenía acceso al expediente y señalado mayorías provisorias en la Cámara que podrían revertirse con el pago acordado.
Hasta el momento, ni Casella ni el camarista Leal —con quien Ontiveros mantiene una relación personal estrecha, descripta incluso como de “sobrino de corazón”— integran formalmente la investigación. Tampoco los hermanos del imputado que se desempeñan en el tribunal.
Ontiveros rechazó en su momento las acusaciones y deslindó responsabilidades respecto de su esposa y del magistrado. La defensa ha cuestionado diversos aspectos del procedimiento, aunque la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó recientemente que Díaz Vélez continúe al frente del expediente.
El juez deberá ahora resolver si hace lugar al pedido de indagatoria formulado por el Ministerio Público Fiscal. De confirmarse los hechos, el caso pondría en evidencia un posible mecanismo de intermediación indebida en el ámbito de la justicia federal que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.