El Tribunal de Cuentas de Tucumán dispuso la apertura de una Comprobación Sumaria en la Caja Popular de Ahorros y en la Secretaría de Estado de Deportes para determinar si existió perjuicio fiscal por la falta de transferencia del 1% mensual del producido de los juegos de azar al Fondo Provincial del Deporte, una obligación legal vigente desde 2003.
La información fue publicada por el sitio Tendencia de Noticias, que informó que la medida quedó formalizada en el Acuerdo N° 402, firmado el 27 de febrero, y que el expediente busca determinar responsabilidades administrativas por más de dos décadas de incumplimientos en la transferencia de recursos provenientes del juego.
Según surge de la resolución del organismo de control, la obligación deriva de la Ley 6.982, que establece que el 1% de los ingresos generados por el sector Juegos de Azar debe ser depositado en una cuenta específica denominada “Fondo Provincial del Deporte”. El Tribunal advirtió que ese aporte tiene carácter “automático, imperativo y exigible”.
De acuerdo con el informe técnico que sustenta la decisión, desde la entrada en vigencia operativa de esa normativa no se habrían realizado transferencias al fondo destinado al deporte provincial. El expediente sostiene que la omisión se habría prolongado durante más de veinte años.
Según las actuaciones a las que accedió el medio, la propia Caja Popular reconoció contablemente una previsión de deuda por $78.409.447 al 30 de junio de 2024, correspondiente al período acumulado desde 2003. Sin embargo, no se registraron transferencias efectivas ni movimientos en la cuenta destinada al Fondo Provincial del Deporte.
El Tribunal señaló que la entidad no puede retener ni diferir esos recursos sin incurrir en una violación al principio de legalidad y al régimen de administración financiera del Estado. En ese marco, dispuso avanzar con la investigación para determinar si existió perjuicio fiscal y deslindar responsabilidades funcionales.
El acuerdo lleva la firma del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
El documento también expone una falta de coordinación entre la Caja Popular y la Secretaría de Deportes. Mientras la entidad sostuvo que no realizó transferencias por no haberse operativizado adecuadamente la cuenta especial o por falta de definición sobre la base de cálculo, el organismo de control consideró insuficiente esa explicación frente al mandato legal vigente.
En paralelo, la Secretaría de Deportes informó que nunca recibió fondos provenientes de ese 1% y que no existen registros de ingresos asociados a ese concepto.
Antecedente con fondos del juego
El Tribunal de Cuentas ya había advertido irregularidades vinculadas al destino de los recursos del juego. En junio de 2024, mediante el Acuerdo N° 2492, el organismo constató incumplimientos en la transferencia de fondos al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) e instruyó un juicio de responsabilidad administrativa.
Según ese antecedente, el organismo remitió documentación a la Justicia provincial para impulsar una investigación penal por presuntas irregularidades en el envío de fondos del sector juegos al sistema sanitario, con una deuda superior a los $3.381 millones.
La nueva investigación se inscribe además en un contexto de cambios en la conducción de la Caja Popular. El 23 de enero el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó al entonces interventor José Díaz y designó en su lugar a Guillermo Norry.
El período bajo análisis abarca en buena parte la etapa en la que la entidad fue conducida por Díaz, dirigente cercano al diputado nacional Carlos Cisneros. La apertura de la Comprobación Sumaria podría derivar en la determinación de responsabilidades administrativas si se confirma la existencia de daño patrimonial al Estado.