La Justicia tucumana realizó la primera audiencia en la causa por falso testimonio y estafa procesal iniciada tras el derrumbe judicial del denominado “caso Vélez”, expediente en el que todos los futbolistas acusados fueron finalmente sobreseídos y que ahora derivó en una investigación inversa contra quienes impulsaron la denuncia original. Entre los imputados se encuentran Carlos Aníbal Cisneros, María de Lourdes Parache, María de los Milagros Castellote, Patricia Micaela Neme, Juan Federico Petraglia y Franco Venditti, señalados en el marco de la nueva investigación judicial.
La audiencia, desarrollada el 11 de febrero bajo modalidad virtual en el Centro Judicial Capital, constituyó el primer debate formal desde la denuncia presentada el año pasado por los jugadores y sus defensas, quienes sostienen que existió una maniobra destinada a fabricar una acusación falsa. El juez Agustín Francisco Puppio escuchó durante más de cinco horas los planteos de fiscales y defensores y resolvió diferir la decisión dentro del plazo legal.
El contexto: el giro tras el sobreseimiento en la causa Vélez
El nuevo expediente judicial se abrió luego de que la Justicia dictara el sobreseimiento total de los futbolistas denunciados en la causa Vélez Sarsfield, al concluir que el hecho investigado no constituía delito. A partir de esa resolución, los exjugadores impulsaron denuncias por falso testimonio y estafa procesal contra quienes promovieron la acusación inicial.
Paralelamente, la Justicia Federal inició un análisis independiente para determinar si detrás del caso pudo haber existido un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, hipótesis que amplió el alcance del conflicto judicial más allá del ámbito provincial.
Nulidades y exclusión de pruebas
Durante la audiencia de apelación, las defensas cuestionaron la resolución dictada el 28 de noviembre de 2025 por el juez Bernardo L’Erario Babot, solicitando nulidades procesales, exclusión de pruebas y sobreseimientos.
El abogado José César Díaz expuso agravios contra distintos puntos de esa resolución y dejó planteada la reserva de acudir a la Corte Suprema mediante recurso extraordinario federal. Posteriormente, el defensor Pedro Parra sostuvo que se encontraban cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso y solicitó que se hiciera lugar a la apelación respecto de los imputados Petraglia y Parache.
La defensa de María de los Milagros Castellote pidió la exclusión probatoria y su sobreseimiento, mientras que Patricia Neme solicitó la nulidad del allanamiento realizado en su estudio jurídico, planteo ampliado luego por el abogado Juan Andrés Robles. Franco Venditti adhirió a los argumentos expuestos por las demás defensas y reclamó que se hiciera lugar al recurso interpuesto.
La postura de la fiscalía
Las fiscales Mariana Rivadeneira y Brenda Deroy, junto a la fiscal regional Mónica García, rechazaron los planteos impugnatorios y solicitaron que se confirme íntegramente la resolución apelada. El Ministerio Público Fiscal defendió la legalidad de las medidas investigativas y pidió el rechazo total de los recursos defensivos.
Tras las exposiciones principales, el tribunal habilitó instancias de réplica en las que los abogados ratificaron sus posiciones, insistiendo en los pedidos de nulidad y revisión judicial.
Primera audiencia tras la denuncia presentada en 2025
La audiencia representó el primer acto judicial relevante desde que los exjugadores denunciaron penalmente a quienes consideraron responsables de haber impulsado una acusación falsa en su contra. El expediente analiza ahora si existió falso testimonio, fraude procesal y una eventual maniobra organizada que habría derivado en una causa penal sin sustento.
El juez Puppio dispuso dos cuartos intermedios durante la jornada y finalmente informó que la resolución será dictada dentro del plazo previsto por el artículo 315 del Código Procesal Penal, decisión que fue aceptada por todas las partes.
Dos investigaciones paralelas
El proceso avanza actualmente en dos planos judiciales distintos. Por un lado, la justicia provincial analiza la responsabilidad penal de los imputados por falso testimonio y estafa procesal. Por otro, la Justicia Federal deberá determinar si existieron delitos vinculados a trata de personas o explotación sexual relacionados con el origen de la denuncia inicial.
El desarrollo de ambas investigaciones será determinante para esclarecer uno de los expedientes judiciales más controvertidos de los últimos años en Tucumán, que pasó de una denuncia por abuso sexual con alto impacto público a una causa que ahora busca determinar si todo el proceso inicial fue producto de una maniobra fraudulenta.