El Gobierno nacional decidió no renovar una medida antidumping que protegía a la empresa Aluar frente a las importaciones provenientes de China, en una resolución que impacta directamente sobre el grupo empresario de Javier Madanes Quintanilla, también propietario de Fate. El cierre de la planta de neumáticos fue anunciado días atrás justo cuando el Congreso se preparaba para tratar la Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo, situación que desde sectores oficiales fue interpretada como un gesto de oportunismo y presión política hacia el Gobierno nacional.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. Allí se dispuso el cierre del examen por expiración del plazo de la medida antidumping vigente desde 2020, que imponía un arancel adicional del 28% a las importaciones de hojas de aluminio originarias de la República Popular China.
La protección había sido establecida durante la gestión anterior tras determinarse que el producto ingresaba al país a precios considerados artificialmente bajos. Sin embargo, el Gobierno concluyó ahora que no correspondía extender la medida luego de los informes técnicos elaborados por los organismos especializados en comercio exterior.
Según los análisis oficiales, no se verificaron condiciones actuales que justificaran mantener el esquema antidumping. En ese marco, tanto la Subsecretaría de Comercio Exterior como la Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendaron no renovar el arancel, criterio que finalmente adoptó el Ejecutivo.
Durante los años en que estuvo vigente la protección, las importaciones chinas se redujeron a niveles mínimos dentro del mercado local. Al mismo tiempo, Aluar incrementó su participación comercial y amplió su cuota de mercado interno, pasando de controlar cerca del 64% en 2019 a más del 90% en 2024, según el dictamen técnico citado en la resolución oficial.
La medida se conoce pocos días después del cierre de la planta de Fate, empresa también perteneciente al grupo Madanes Quintanilla, que dejó a cientos de trabajadores sin empleo y abrió un fuerte debate sobre la apertura económica y la competitividad industrial en la Argentina.
En el Gobierno interpretan la eliminación del arancel como parte de la política de apertura comercial orientada a reducir costos industriales y fomentar la competencia, mientras que sectores fabriles advierten sobre el impacto que podría tener la mayor entrada de productos asiáticos en la producción nacional.
La protección antidumping había sido solicitada originalmente por la propia Aluar ante la competencia externa y debía vencer a comienzos de marzo. La empresa pidió su prórroga, pero la administración nacional resolvió no extenderla y dejar sin efecto el esquema arancelario.
De este modo, el aluminio importado desde China podrá ingresar al mercado argentino sin el recargo adicional que rigió durante cinco años, modificando el escenario competitivo para la única productora primaria de aluminio del país y profundizando la tensión entre el Gobierno y parte del sector industrial.
La decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Rosada y el grupo empresario dueño de Fate y Aluar, en un contexto atravesado por la reforma económica impulsada por el Ejecutivo y por el debate sobre el modelo productivo argentino frente a la apertura de importaciones.