A siete días de que entre en vigencia la Ordenanza Nº 5361, que veda el uso de bolsas plásticas de «segundo grado» en los establecimientos comerciales de San Miguel de Tucumán, se mantienen las reacciones y posturas de diferentes actores del sector industrial. La normativa, aprobada por el Concejo Deliberante en julio del año pasado, empezará a regir a partir del próximo jueves e incluye a supermercados, shoppings y todo tipo de comercios dentro del municipio.
En este marco, Norma Carbajal, representante de Plásticos La Rioja de Atiles S.A. y vocal de la Unión Industrial de Tucumán, criticó el espíritu de la ordenanza y manifestó que «para los municipios lo más simple es prohibir», al mismo tiempo que pidió la implementación de políticas de educación ambiental y reciclaje. «Al ciudadano hay que educarlo en el uso de la bolsa. Desde la escuela, desde los hogares. Y fundamentalmente, establecer políticas de reciclado», expresó.
Carbajal enfatizó que, en su visión, la dificultad no está en el material en sí, sino en el manejo de los desechos. «El polietileno no es el que perjudica al medio ambiente. Quienes lo dañamos somos nosotros, al arrojarlo en cualquier lugar», manifestó, y señaló la carencia de políticas públicas consistentes de recolección diferenciada y separación de residuos en la capital tucumana. En ese aspecto, citó como modelo el esquema de reciclaje puesto en marcha en Tafí Viejo y cuestionó por qué no se adopta una iniciativa semejante en San Miguel de Tucumán.
La empresaria también alertó sobre las consecuencias que la prohibición podría acarrear para la estructura productiva local. «Esto amenaza a todas las empresas del rubro en Tucumán, en especial a las pymes», declaró, y añadió que igualmente se perjudicarán distribuidores y microemprendedores que venden bolsas a negocios de barrio. «Se crean numerosas fuentes de empleo en torno a esta actividad», afirmó, al precisar que su compañía da trabajo directo a aproximadamente 150 personas, sin contar los puestos indirectos.
Sobre las opciones permitidas por la ordenanza, Carbajal aclaró que la industria local produce bolsas oxibiodegradables, aunque remarcó que no son una solución completa. «Es un aditivo que se incorpora a la materia prima, pero no resuelve el problema de fondo», explicó, y comentó que estas bolsas tienen un precio más alto, cercano al 10%, lo que eventualmente podría repercutir en el cliente final.
Asimismo, objetó la ausencia de consulta al sector industrial durante la elaboración de la normativa. «El municipio nunca nos convocó a una reunión», sostuvo, y detalló que los acercamientos que hubo fueron iniciados por los propios industriales, sin que derivaran en modificaciones sustanciales.
La ordenanza, cuya reglamentación espera la firma de la intendenta Rossana Chahla, prohíbe la entrega de envases de segundo grado elaborados total o parcialmente con polietileno o polipropileno, y solo autoriza opciones consideradas sustentables, como envases compostables o biodegradables certificados, reutilizables de tela, papel o cartón, o aquellos que contengan al menos un 50% de material reciclado posconsumo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será el organismo de aplicación.
Desde la comuna, la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, señaló que el propósito es eludir «soluciones superficiales» y disminuir el impacto ambiental a largo plazo, mediante controles y campañas de sensibilización. En contrapartida, Carbajal reiteró que la solución radica en la reutilización y el reciclaje. «La dirección actual es reutilizar. Cuando la bolsa ya no tiene más uso, allí deben actuar los organismos correspondientes para tratarla y transformarla en otro artículo», finalizó.
Mientras se definen los aspectos reglamentarios y comienza la fase de difusión, la aplicación de la ordenanza plantea un escenario de discusión entre las metas ambientales del municipio y las preocupaciones del sector industrial respecto a sus efectos económicos y laborales.