En plena discusión por la necesidad de corregir el rumbo fiscal de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo vuelve a optar por la senda más fácil para las arcas provinciales: subir impuestos sin tocar el gasto político que hoy estrangula las finanzas públicas. Desde enero de 2026, el Poder Ejecutivo oficializó aumentos en los montos fijos de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos, con subas que en promedio superan el 28%, muy por encima de la inflación acumulada del año, según los propios decretos publicado en el Boletín Oficial (ver infografía abajo).
Este incremento, calificado por analistas y sectores productivos como un “impuestazo”, no llega acompañado de ninguna señal de austeridad en el gasto estructural del Estado provincial. Más bien al contrario, los números más recientes colocan a Tucumán en la cima del despilfarro político en Argentina. Un informe de la Fundación Libertad sitúa a la Legislatura tucumana como la más cara del país, con cada parlamentario costando al erario público cerca de $2.735 millones anuales, una cifra que duplica el promedio nacional y consume una proporción desmedida del presupuesto.
La contradicción salta a la vista: mientras se ajustan tributos que impactan directamente en contribuyentes, comercios y actividades locales, no se observan recortes tangibles en las partidas que financian la política y la estructura estatal. La proporción del presupuesto destinada al Poder Legislativo supera el 3,9%, muy por encima de lo que otras provincias destinan a sus parlamentos. Esa sobredimensión se traduce en menos recursos para áreas productivas, infraestructura y servicios públicos, sectores donde la ciudadanía percibe un desgaste creciente.
La discusión sobre el costo de la política local no es un mero ejercicio retórico. Tucumán no solo lidera el ranking provincial del gasto legislativo, sino que también encabeza el lote cuando se comparan los costos políticos en distintos niveles de gobierno. En varias ciudades del país, concejales y ediles también figuran entre los más caros para los vecinos, un fenómeno que la oposición local explota para cuestionar la gestión.
A estas tensiones fiscales se suma otro dato que obliga a preguntarse sobre las prioridades del gobierno provincial: en las negociaciones presupuestarias nacionales recientes, Tucumán recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones, la cifra más alta otorgada en la era del presidente Javier Milei a una provincia individual. Estas partidas extraordinarias llegaron en momentos clave —en medio de la discusión sobre la reforma laboral y el presupuesto federal— generando interpretaciones sobre la vinculación política que trasciende el mero apoyo financiero.
Lejos de plantear un debate serio sobre la eficiencia del gasto público, la administración de Jaldo parece confiar en que más recursos fiscales y más impuestos aseguren la gobernabilidad. Pero el argumento oficial de “ajustar para equilibrar cuentas” pierde fuerza cuando el mismo Estado que exige a la sociedad un mayor esfuerzo no revisa partidas como la de la Legislatura, que sigue siendo un gigantesco agujero de recursos sin una rendición de cuentas clara.
Los contribuyentes tucumanos, ya golpeados por la inflación y la presión tributaria creciente, miran con escepticismo este combo de subas impositivas y persistencia del gasto político. Para muchos, la ecuación es simple: más impuestos no deberían financiar más costos políticos, sino mejores servicios, inversiones y una estructura estatal racionalizada. Sin embargo, la oportunidad de comenzar por decisiones tangibles —como reducir el costo de la política— parece estar nuevamente postergada.
Mientras tanto, la pregunta flota en el aire de los ciudadanos: ¿Hasta cuándo la sociedad tendrá que pagar más para sostener un Estado que no se atreve a recortar lo superfluo? En Tucumán, la respuesta oficial continúa siendo más impuestos, menos recortes y ninguna transformación profunda en la máquina burocrática que, año tras año, devora recursos que podrían destinarse a educación, salud o desarrollo productivo.
