Mientras la inflación muerde los ingresos de las familias, el Gobierno de San Miguel de Tucumán decidió que los sectores más vulnerables serán quienes financien el costo de un Estado Municipal desbordado. La intendenta Rossana Chahla promulgó este martes el aumento del 30% en el boleto de colectivo, que pasará de $950 a $1.250, en lo que es solo el primer capítulo de una estrategia de ajuste sobre los usuarios: luego vendrá la regulación con tasas para las aplicaciones de motos, el otro transporte de los que menos tienen.
El mecanismo es claro y cruel: en una provincia con índices de pobreza alarmantes, se elige gravar la movilidad básica –el colectivo para el obrero, la moto para el trabajador informal– para sostener las arcas de una administración que, según datos contundentes, es una de las más caras y burocráticas del país.
El círculo vicioso: ajuste al usuario, bono al empleado público
Chahla justificó el aumento tarifario –aprobado por 14 votos a favor y solo 2 en contra– bajo el argumento de la inflación, pero omitió mencionar la contracara: el mismo día confirmó un bono de $100.000 para los empleados municipales, replicando el beneficio otorgado por la provincia. Mientras el usuario sufre un golpe directo a su economía diaria, la estructura estatal se premia a sí misma. Es la foto perfecta de la redistribución al revés: se extrae dinero de los bolsillos más humildes para cementar los privilegios de la casta funcionaria.
Este aumento no es una inversión en mejoras. La promesa de “controles permanentes” a las empresas de colectivos suena a déjà vu en un servicio que lleva años deteriorándose. Los datos son contundentes: la venta de boletos se desplomó un 41% en ocho meses, según informes recientes, porque la gente huye de un sistema deficiente. La solución no es mejorar el servicio, sino encarecerlo para quienes no tienen alternativa, asegurando el flujo de caja de las empresas y, por supuesto, la recaudación municipal.
El próximo blanco: las motos de los informales
La intendenta también promulgó la polémica ordenanza que regula las aplicaciones de transporte, avanzando hacia su reglamentación. Allí, el esquema se repetirá: se creará un registro, se nominalizará a los conductores y, aunque se habla de estudios, queda latente la amenaza de cupos y, lo más grave, la imposición de tasas e impuestos. Chahla lo anunció como un logro de “consenso”, pero el consenso fue entre la política y los empresarios del transporte tradicional. Los miles de motoqueros que dependen de esta actividad para no caer en la indigencia –y que ya protestaron frente al Concejo– no fueron parte de ese acuerdo.
Es la misma lógica: gravar la economía de subsistencia para financiar la burocracia. Primero fue el colectivo, ahora es la moto. Se ataca a los dos eslabones más débiles de la cadena de movilidad, utilizados mayoritariamente por trabajadores de bajos ingresos, para sostener un Concejo Deliberante que, según el último ranking nacional, es el tercero más caro del país en gasto por edil, con un costo ocho veces mayor que el de Mendoza.
La ecuación final: pobreza que financia el privilegio
San Miguel de Tucumán consolida así un modelo perverso: un Estado Municipal hipertrofiado y costosísimo que, en lugar de optimizarse, se finanza con impuestos a la pobreza. El aumento del boleto y la futura tasa a las motos no son más que un impuesto al derecho a moverse, una gabela que pagan los que menos tienen para que la máquina política –concejales, intendenta, funcionarios, empleados con bonos– mantenga su nivel de gasto suntuario.
Chahla promulgó dos ordenanzas que dibujan el futuro de la ciudad: un transporte público cada vez más caro y un transporte informal ahogado por la regulación. Ambos, financiados por los sectores más vulnerables. Es la crónica de un saqueo institucionalizado, donde la crisis la pagan siempre los mismos.