Provincia anuncia nuevas iniciativas para las tierras fiscales recuperadas en El Mollar

La recuperación de terrenos en la Reserva Natural La Angostura generó dos líneas de acción paralelas. Por un lado, la investigación judicial contra quienes presuntamente se apropiaron de manera ilegal de propiedades del Estado para su venta, y por otro, los esfuerzos por normalizar la situación para impulsar el turismo en el área.

El fiscal Miguel Varela continúa con la causa del «Loteo Gaucho Castro», donde el Gobierno provincial actúa como parte querellante. Según su hipótesis, un conjunto de individuos se habría organizado para crear una suerte de empresa inmobiliaria ilegal dedicada a comercializar terrenos fiscales, valiéndose de contactos y funciones públicas para falsificar documentación. Con el objetivo de obtener ganancias, habrían fraccionado el predio y lo vendieron sin informar a los compradores que carecían de la titularidad, ya que sabían que las tierras eran de la Provincia.

Las auxiliares fiscales, Gabriela Ghilardi y Luciana Ceccotti, señalaron como responsables de esta maniobra a Juan Pablo Castro (el presunto poseedor de la tierra); a los ex funcionarios de la extinta secretaría de Regularización Dominial y Hábitat Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro y Fernando Rogel Chaler; al suspendido comisionado rural de El Mollar, Jorge Cruz; y a los supuestos vendedores Yanina Mamaní y Damián Romano (nieto político de Castro).

Las representantes del Ministerio Público Fiscal los imputaron a los siete como coautores de los delitos de estafa y asociación ilícita, sumando cargos particulares. A Castro lo acusaron por usurpación. A Trujillo, Barreiro y Cruz, por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A Chaler, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Recientemente se produjeron novedades en la causa. Fuentes judiciales indicaron que Castro y Romano estarían dispuestos a aportar datos cruciales para demostrar cómo habría operado el esquema. A cambio, se declararían culpables y mejorarían su situación procesal para acceder a un juicio abreviado.

Por otra parte, Varela sigue examinando la información extraída de los teléfonos de los investigados. Allí habría hallado elementos que serían contundentes en contra de Trujillo, Barreiro y Mamaní, y que además podrían excluir de la causa a Rogel Chaler. El fiscal dispone de tiempo hasta marzo para concluir la investigación.

Un equipo

«Lo más relevante es que estos logros se alcanzaron porque el gobernador Osvaldo Jaldo tomó la decisión política de recuperar lo que pertenece a todos los tucumanos y porque se armó un gran equipo de trabajo para seguir esa directiva», explicó Gilda Pedicone de Valls, fiscal de Estado.

La funcionaria destacó la colaboración de las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Recursos Hídricos y el Ente Tucumán Turismo. «Todos, desde su lugar, no solo aportaron información clave para avanzar con la recuperación, sino que además están trabajando para definir el destino de esos predios», agregó. «Estamos analizando cómo aprovechar el uso de las tierras fiscales. Existen muchos proyectos, y los evaluaremos para potenciar uno de los sitios más hermosos de Tucumán».

En la entrada al Valle de Tafí funcionaron durante años una confitería y un comercio. Esos emprendimientos estaban instalados en terrenos fiscales y sus ocupantes carecían de permiso para explotarlos. La Provincia recuperó el lugar, demolió las construcciones y la Secretaría de Turismo edificó El Mirador dique La Angostura, un espacio que, además de permitir observar la migración de aves, ofrece una vista panorámica excepcional.

Para la pesca, a nivel nacional, La Angostura es un sitio único. Está considerado como el mejor lugar en altura para la captura de pejerreyes. En la Reserva operaban dos emprendimientos: «Pesca ‘El Pelao'» y «Migui Pesca». Al primero se lo desalojó por ocupar tierras en la ribera del lago, mientras que el otro cesó sus actividades desde que el Yacht Club debió devolver sus instalaciones al Estado.

Los responsables de ambos negocios, tras presentar un plan de explotación turística y cumplir con los requisitos legales, fueron reubicados y desde hace semanas retomaron la prestación de servicios, que incluyen no solo el alquiler de botes a pescadores, sino también paseos en embarcaciones.

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