Cuando el manzurismo aún se ocupaba de mantener las formas, el 6 de junio del año pasado el concejal peronista de Monteros, Hernán “Tuco” Aldonate había celebrado su cumpleaños con un asado en su casa en plena “primera ola”. Aldonate había dicho que se trató de una reunión familiar, pero vecinos de Monteros habían asegurado que incluso hubo grupos folclóricos y una pantalla gigante para entretener a los invitados. Aldonate fue suspendido sin goce de sueldo primero, y destituido en septiembre.
Pero ya este año, con el oficialismo desbocado, sin guardar siquiera las formas, “premiaron” la insurrección y en abril el ex edil fue designado como personal de Gabinete, con rango de secretario de Estado, en el Ministerio de Interior, cartera a cargo de Miguel Acevedo.
El caso de Aldonate, sumado al vacunatorio VIP que benefició a militantes manzuristas, parecían ya demasiado irrespeto al pueblo de Tucumán, que día a día entierra nuevas víctimas de Covid. Pero este domingo, después del vergonzoso episodio del gobernador Juan Manzur en Pampa Mayo, el concejal Luis Correa, presidente del bloque manzurista en el Concejo Deliberante de Alderetes, organizó una gran fiesta de 15 años para su hija con 400 invitados en un predio que pertenece al Sindicato de Camioneros, en El Bracho.
La reunión violaba todas las normativas de aislamiento social en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. Además, entre los asistentes se encontraba el secretario administrativo contable del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), José Antonio Gandur, quien es primo del gobernador y logró que cuatro de sus hijos accedan a vacunas, pese a no pertenecer a grupos de riesgo.
Tras una denuncia la Policía realizó un allanamiento e irrumpió con decenas de efectivos policiales. Se secuestraron equipos de sonido y otros elementos, al tiempo que se iniciaron acciones judiciales.
Ahora, la Justicia aguarda los reportes policiales tras el procedimiento para la celebración. Las pruebas serán remitidas junto con filmaciones y fotografías a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, encabezada por el fiscal Marcelo Leguizamón. En la Casa de Gobierno mantienen el eterno silencio sobre los escándalos, mientras la indignación popular crece y es capitalizada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo.