Un video de actrices y militantes feministas dejó al descubierto lo dañinas que pueden ser sus campañas cuando se ciegan y no admiten los errores cometidos. Pese a que el juez determinó, a partir de pruebas objetivas y pericias técnicas, que no hubo abuso sexual, sí dejó expresamente señalado que existen numerosos indicios de que la joven denunciante pudo haber sido víctima de una organización dedicada a la trata de personas, motivo por el cual ordenó la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal.
El pronunciamiento judicial no fue un acto de indiferencia ni de insensibilidad frente a la palabra de una mujer. Por el contrario, fue una resolución extensa y fundada que confrontó el testimonio judicial con mensajes contemporáneos, registros objetivos, pericias psicológicas y declaraciones del entorno íntimo. Sin embargo, nada de eso parece haber sido leído por quienes difundieron el video. El fallo fue rechazado de plano, sin análisis, sin matices y sin la mínima honestidad intelectual de revisar el expediente.
Entre esas voces aparece la de Dolores Fonzi, actriz y directora de la película Belén, quien afirmó que “la joven hizo todo bien” y que las “dilaciones judiciales ponen en riesgo su salud mental y física”. La gravedad de esa frase es enorme: valida como correcta una secuencia de hechos que hoy la Justicia considera sospechosa y que podría constituir un delito federal. Decir que “hizo todo bien” implica legitimar que la joven no haya sido aislada de quienes la asesoraron, la guiaron y eventualmente la presionaron para sostener una denuncia que terminó derrumbándose frente a la prueba objetiva.
El reduccionismo de esta artista, su despreocupado rigor para averiguar qué fue lo que realmente sucedió la noche de la denuncia, se condice con el simplismo con el que retrató a los tucumanos en su película, a quienes hizo desayunar sánguches de ternera con Mirinda manzana. El mismo trazo grueso, la misma mirada condescendiente y la misma falta de interés por la complejidad real de los hechos reaparecen ahora, trasladadas a un caso judicial de extrema gravedad.
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A esa lógica se sumó también la periodista Lorena Maciel, quien cuestionó el fallo no desde el análisis jurídico ni desde la lectura de la resolución, sino desde un vínculo previo: había entrevistado a la denunciante tiempo atrás. Esa postura confunde empatía con militancia y periodismo con adhesión personal. Ninguna entrevista habilita a deslegitimar una decisión judicial que se apoya en evidencia concreta.
Lo más inquietante del video no es sólo lo que dice, sino lo que omite. Si la Justicia ordenó investigar una posible trata de personas, el primer deber ético sería exigir que la joven sea protegida y separada de su entorno inmediato. Sin embargo, el discurso difundido hace exactamente lo contrario: defiende que haya permanecido dentro del mismo círculo de abogados, operadores y dirigentes que ahora podrían ser investigados. Eso no es acompañamiento feminista: es revictimización.
En definitiva, esta actitud inflexible, irreflexiva y ciega es ahora funcional a la asociación ilícita denunciada, de la que la joven habría sido víctima. Lo más grave es que esa organización que, mediante la trata de personas, intentó cancelar a los jugadores, estaría encabezada por uno de los diputados nacionales con mayor poder económico del país: Carlos Cisneros. ¿Por qué nunca lo nombraron y utilizan sus medios para promocionarse?
