El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia formal al cargo en medio de una crisis política y financiera desencadenada por la intervención del Banco Central al banco digital Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a cerca de tres millones de clientes, equivalentes a aproximadamente el 60 % de la población adulta del país. La dimisión se produjo horas después de que la Cámara de Diputados iniciara el tratamiento de un pedido de juicio político impulsado por la oposición y por disidentes del oficialismo, y en un contexto en el que incluso referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), entre ellos el expresidente Horacio Cartes, anunciaron que acompañarían el procedimiento de destitución para reencauzar la institucionalidad.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Según informaron fuentes parlamentarias y el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, Peña ya había firmado el documento de renuncia, que sería remitido al Poder Legislativo para su aceptación en una sesión de ambas cámaras convocada para este mismo día. Minutos después, publicó un video en X. La bancada colorada decidió aceptar la dimisión a fin de evitar el desgaste institucional que implicaría prolongar el juicio político durante los treinta días que establece la Constitución, mientras el vicepresidente Pedro Alliana se preparaba para asumir el cargo conforme al mecanismo de sucesión y se mencionaba al senador Antonio Barrios como posible ocupante de la Vicepresidencia. Peña, que había asumido en agosto de 2023 con mandato hasta 2028, publicó en sus redes un mensaje dirigido al pueblo paraguayo en el que anunció su decisión, en un momento en que la unanimidad en Diputados —con 77 de 78 legisladores presentes— hacía prácticamente inviable su continuidad en el cargo.
El colapso de Ueno Bank se originó cuando el Banco Central del Paraguay determinó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido, tras ajustes contables que revelaron problemas en créditos a empresas vinculadas al grupo controlador y deterioro de la liquidez. La entidad, de propiedad mayoritaria del Grupo Vázquez, administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos aproximadamente 380 millones del Instituto de Previsión Social, y había emitido bonos internacionales en 2026. Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025 y, poco después de asumir la Presidencia, designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había presidido la financiera predecesora de Ueno; Carvallo presentó su renuncia esta semana a pedido del mandatario, mientras la Fiscalía ordenaba la detención de ocho ejecutivos vinculados a la entidad, entre ellos el CEO Miguel Vázquez.
Las acusaciones contra Peña y Alliana, formalizadas en un libelo firmado por 35 diputados, incluyen conflicto de intereses, presunta utilización del Estado para favorecer intereses privados, tolerar la acumulación de fondos previsionales por encima de los límites permitidos y mal desempeño en el manejo de la crisis. El propio Partido Colorado, que había respaldado la candidatura de Peña, sumó sus votos al pedido de destitución, y figuras históricas como Nicanor Duarte Frutos calificaron la situación como una defraudación de la confianza depositada por trabajadores y obreros. En las calles de Asunción se registraron protestas de ahorristas que reclamaban la devolución inmediata de sus depósitos, mientras el Gobierno impulsaba una ley para habilitar anticipos a los clientes dentro de las primeras 24 horas, norma que sería una de las últimas firmadas por Peña antes de abandonar el cargo.
La renuncia de Peña abre un escenario de reordenamiento en el coloradismo y en el Ejecutivo paraguayo, en un país que en los últimos años había proyectado una imagen de estabilidad macroeconómica y atracción de inversiones, particularmente brasileñas. Alliana, quien había puesto en pausa su propia candidatura presidencial con el argumento de “arreglar la casa”, asumiría interinamente para completar el período hasta 2028, aunque la vacancia de la Vicepresidencia requerirá un nuevo procedimiento constitucional. El caso Ueno expuso las fragilidades de la supervisión financiera y los riesgos de las puertas giratorias entre el sector privado y los organismos de control, en un momento en que Paraguay buscaba consolidarse como destino emergente de capitales en la región.
