La reforma de la ley de biocombustibles volvió a quedar en suspenso en la Cámara de Diputados. El oficialismo no consiguió reunir los acuerdos necesarios para emitir dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería. Las diferencias sobre el futuro de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel impidieron avanzar con el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
El debate expuso dos posiciones dentro de los bloques que acompañan al Gobierno nacional. Una parte reclama aprobar el texto sin modificaciones para evitar nuevas demoras. La otra exige revisar las condiciones de comercialización del biodiésel y garantizar la continuidad de las plantas regionales frente a las grandes compañías integradas.
En ese escenario, los representantes de Tucumán defendieron la reforma por las oportunidades que puede abrir para la industria azucarera y la producción de bioetanol. Federico Pelli, de La Libertad Avanza, y Gladys Medina, del Bloque Independencia, coincidieron en la necesidad de proteger una actividad central para la economía provincial.
La discusión por el biodiésel frenó el acuerdo
El subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Horacio Veller, abrió las exposiciones con una defensa del proyecto y del proceso de negociación previo. “Este texto que se está debatiendo tiene dos años de recorrido al menos”, sostuvo. También cuestionó el régimen vigente, al que atribuyó “un déficit de origen que la vuelve impracticable”.
Las principales objeciones surgieron por las reglas que definirán la participación de las empresas de biodiésel. Las pymes advierten que el esquema aprobado por el Senado favorece a las compañías integradas de mayor escala y reduce las posibilidades de competencia para las plantas regionales.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que reúne a 25 empresas y representa al sector en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, reclama cambios antes de la aprobación definitiva. Desde esa entidad sostienen que las plantas regionales enfrentan mayores costos por la compra de materia prima y la logística.
Entre las alternativas que surgieron durante el debate figura el aumento del corte obligatorio de biodiésel con gasoil. El proyecto aprobado por el Senado prevé elevarlo del 7,5% al 10% durante el primer año de vigencia de la nueva ley. Sin embargo, sectores vinculados con las pymes proponen llevarlo al 12% o al 12,5% para ampliar la demanda y sostener la actividad.
La diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, respaldó esa última alternativa. “La idea sería una ley de consenso para que no haya ningún despido ni tampoco fábricas con capacidad instalada ociosa”, expresó. Pablo Todero, del mismo bloque, también pidió un corte del 12,5% y un plazo de protección más extenso para las pequeñas y medianas empresas.
Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, reclamó una mesa de negociación para revisar los cambios que incorporó el Senado. “Debemos contemplar a todos los sectores que sí verán afectados su desarrollo y fuentes de trabajo”, planteó.
Por su parte, el diputado Germán Martínez pidió aprovechar el tiempo disponible para acercar posiciones y coordinar una eventual revisión con la Cámara alta. “Podemos conciliar los cuatro intereses”, sostuvo. Luego reclamó: “Hagamos las negociaciones acá, a la luz del día”.
Pelli y Medina defendieron la producción tucumana
En representación de Tucumán, Federico Pelli respaldó la iniciativa y reclamó condiciones que permitan ampliar la producción y generar empleo en el norte argentino. El diputado libertario sostuvo que la discusión excede los costos de las empresas y compromete el futuro de productores, cañeros y familias vinculadas con la actividad azucarera.
“Tucumán no necesita que le regalen nada, necesita que la dejen crecer y producir”, afirmó.
Pelli defendió el potencial del sector para atraer inversiones y generar valor agregado a partir de los recursos disponibles en la provincia. También aclaró que la propuesta no busca enfrentar a las jurisdicciones productoras de biocombustibles con las provincias petroleras, sino establecer reglas que permitan ampliar las oportunidades económicas.
Gladys Medina, del Bloque Independencia, también manifestó su respaldo. La diputada destacó la importancia histórica de la caña de azúcar para Tucumán y para el conjunto del norte argentino. Además, subrayó el impacto de la actividad sobre el empleo y el movimiento económico regional.
“Como tucumana defiendo este proyecto”, manifestó.
Medina reconoció la necesidad de alcanzar acuerdos, aunque ratificó su compromiso con la industria azucarera junto con sus compañeros de bloque. Su postura se inscribe en la preocupación por el escenario económico que atraviesan los sectores productivos y las familias que dependen de ellos.
El respaldo de los dos diputados tucumanos puso en primer plano el interés provincial por una reforma que puede incidir sobre la demanda de biocombustibles y las perspectivas de la producción azucarera. El bioetanol recibió un apoyo más amplio durante el debate, mientras que las objeciones se concentraron en las condiciones previstas para el biodiésel.
Un calendario cada vez más ajustado
Otros legisladores reclamaron avanzar con la iniciativa. Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, recordó el trabajo de ocho provincias para modificar una normativa que, según sostuvo, limita el desarrollo productivo. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, resumió.
María Inés Zigarán, del mismo espacio, pidió que las diferencias sobre el biodiésel no bloqueen la reforma y propuso resolverlas mediante una normativa complementaria. Representantes de La Libertad Avanza de distintas provincias también reclamaron celeridad y destacaron las posibilidades de inversión y empleo.
Sin embargo, las posiciones enfrentadas impidieron alcanzar un dictamen. El oficialismo deberá resolver si mantiene el texto aprobado por el Senado o acepta modificaciones para responder a los reclamos de las pymes.
La falta de acuerdo prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la reforma y reduce el margen para convertirla en ley durante el período ordinario de sesiones. Para Tucumán, la discusión tiene un interés directo por el peso de la industria azucarera y las oportunidades que el desarrollo de los biocombustibles puede ofrecer a la economía provincial.
