La historia judicial del clan Ale sumó un nuevo capítulo. La Unidad de Información Financiera (UIF) impidió que Point Limits SRL obtuviera la registración necesaria para actuar como sujeto obligado dentro del sector de juegos de azar, a partir de una serie de irregularidades detectadas durante el análisis de la documentación presentada por la firma.
La empresa fue constituida en 2011 en la capital tucumana y quedó históricamente relacionada con Adolfo Ángel “El Mono” Ale. Point Limits controló distintos locales dedicados al juego y también quedó bajo la lupa de la Justicia durante la causa que terminó con la condena de los hermanos Ale.
En aquel expediente, la investigación sostuvo que la firma podía funcionar como una estructura utilizada para el lavado de activos. La empresa, sin embargo, continuó con su actividad después de aquella causa.
El nuevo expediente surgió a partir de los intentos de Point Limits por regularizar su situación ante la UIF. Durante 2025 y 2026, la compañía presentó distintos pedidos para conseguir la constancia que le permitiera actuar como Sujeto Obligado.
La documentación pasó por el análisis de la Agencia Regional Norte de la UIF, que detectó inconsistencias. Entre ellas apareció la falta de presentación de certificados de reincidencia que habían sido requeridos en distintas oportunidades.
También surgió otro dato relevante: el “Oficial de Cumplimiento Titular” designado por Point Limits llevaba el apellido Ale, pero no integraba la sociedad.
La UIF consideró que esos elementos impedían avanzar con la registración solicitada por la empresa. Por ese motivo, rechazó su inscripción como sujeto obligado y bloqueó la posibilidad de que obtuviera la habilitación necesaria para continuar dentro del circuito formal de juegos de azar.
Una empresa que ya estaba bajo la lupa
Point Limits no apareció por primera vez en una investigación a partir de este expediente. La empresa ya había sido allanada durante la causa que terminó con las condenas de Rubén Eduardo “La Chancha” Ale y Adolfo Ángel “El Mono” Ale.
En diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a los dos hermanos a diez años de prisión cada uno como jefes de una asociación ilícita. El expediente estuvo relacionado con el lavado de activos procedentes de delitos como el juego clandestino y la extorsión.
El juicio terminó con 13 condenas y tres absoluciones.
La investigación también permitió reconstruir parte del patrimonio atribuido al clan. Un informe de la UIF calculó casi 40 millones de pesos involucrados en maniobras financieras y detectó una extensa cantidad de propiedades, más de 100 vehículos entre autos y camiones y 72 armas de fuego, cuyo valor superaba los 400 mil pesos de aquella época.
La causa por lavado de dinero tuvo además como telón de fondo la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. Su madre, Susana Trimarco, señaló a “La Chancha” como responsable del secuestro y desaparición de su hija. Sin embargo, Rubén Ale nunca recibió una condena por ese hecho.
El juicio por la desaparición de Marita terminó en 2012 con la absolución de los 13 acusados en primera instancia, una decisión que provocó una fuerte repercusión a nivel nacional.
El antecedente que vuelve a aparecer
“La Chancha” Ale murió en 2023. Su hermano “El Mono” quedó como una de las principales figuras de aquel clan que durante años estuvo bajo investigación judicial.
Ahora, la UIF volvió a intervenir sobre una estructura empresarial vinculada históricamente a la familia. El organismo, bajo la conducción del abogado Matías Álvarez, rechazó la inscripción de Point Limits como sujeto obligado tras detectar incumplimientos y documentación irregular.
La propia UIF define como sujetos obligados a las “personas, empresas y organismos” que, por las características de sus actividades y el riesgo de lavado de activos, forman parte del sistema de prevención y deben colaborar con el organismo.
En el caso de Point Limits, la falta de registración ante la UIF representa un nuevo obstáculo para la empresa dentro del negocio de los juegos de azar, casi una década después de que la causa contra el clan Ale expusiera ante la Justicia el entramado patrimonial de la familia.
