La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recibió este viernes en el Palacio Municipal al diputado nacional Carlos Cisneros. Lo presentó como una “reunión de trabajo” sobre la gestión de la ciudad. El calendario, sin embargo, no admite esa lectura inocente: el legislador está citado a declarar el martes 30 de septiembre a las 9.30 ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán por la hipótesis de trata de personas. Con él comparecerán, el domingo 28 y el lunes 29, Federico Petraglia y Patricia Micaela Neme.
Chahla lo escribió en su cuenta de X a las 14.18:
🤝 Recibí al diputado nacional Carlos Cisneros, con quien compartimos una reunión de trabajo para conversar sobre la gestión que llevamos adelante en San Miguel de Tucumán.
Durante el encuentro, repasamos los avances alcanzados, los proyectos que estamos desarrollando y los… pic.twitter.com/ymT4G7iAmd
— Rossana Chahla (@RossanaChahla) September 25, 2026
El texto no menciona la causa federal, ni Enterate, ni la Caja Popular. Las dos fotografías oficiales —Cisneros a la izquierda del escritorio, Chahla a la derecha, banderas argentina, municipal y provincial al fondo— alcanzan para el mensaje político. Quien las publica no es un dirigente menor en busca de un saludo. Es la jefa del distrito más poblado de Tucumán, anunciada como candidata a la reelección y presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El timing agrava el gesto. El jueves 24, Chahla caminó la procesión de la Virgen de la Merced “junto al gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y cientos de fieles”. El miércoles, con Acevedo, había inaugurado la puesta en valor de la Casa Belgraniana. El viernes, 24 horas después de la foto de unidad peronista, el Palacio abrió la puerta al hombre cuyos medios piden la intervención federal de Tucumán y cuestionan, de manera reiterada, que la propia intendenta aspire a un segundo mandato.
El jefe que la llevó a la Capital
Cisneros no es un visitante institucional. En 2023 fue el principal promotor del acople Activar, el espacio que presentó a Chahla ante el electorado capitalino con el eje de “salud, educación y trabajo”. El mismo armado llevó como candidato a legislador a Hugo Ledesma, cuñado del diputado y exsubinterventor de la Caja Popular de Ahorros, la entidad que durante años funcionó como retaguardia administrativa del cisnerismo. La ciudad amaneció empapelada con afiches de Chahla y Cisneros, él de brazos cruzados, bajo el lema “Las cosas bien hechas”.
Esa tutela nunca se disolvió del todo. El 22 de mayo, El Federalista documentó que Luciano Chincarini —secretario de Servicios Públicos y uno de los cinco funcionarios denunciados por la concejala Ana González— figura además como empleado de la Caja Popular. Ese mismo día, Chahla apartó a Alejandro Sangenis, subsecretario de Gobierno, después de que el funcionario atacara al ministro provincial Darío Monteros desde El Avispero, un ciclo del ecosistema mediático de Cisneros. El alejamiento público entre la intendenta y el diputado fue, desde entonces, más un relato que una ruptura.
En marzo, el propio Cisneros lo dijo sin rodeos en Tendencia de Noticias, medio de su holding: “Yo voy a acompañar a lo que haga la intendenta Chahla”. La describió como “una bocanada de aire fresco” y como alguien que “en política no tiene techo”. En esa misma entrevista admitió una “participación importante” en Enterate.
La indagatoria que el Palacio eligió ignorar
El auto del juez federal Guillermo Díaz Martínez, dictado el 14 de septiembre, cita a indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. El cronograma es preciso: Petraglia —empleado de la Caja Popular— el 28 de septiembre a las 9.30; Neme el 29; Cisneros el 30. Las cédulas se diligencian por la Policía Federal. El tribunal ya había notificado la sustanciación del proceso al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La hipótesis del fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz no describe un encuentro fortuito en el Hilton. Sostiene que la captación típica de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal no se produjo antes de la noche del 3 de marzo de 2024, sino después, “aprovechando la vulnerabilidad emocional y la subordinación laboral de la joven en la Caja Popular de Ahorros”. La denunciante era empleada de esa entidad. En un mensaje del 7 de noviembre de 2025 a su grupo de allegadas admitió sentirse prisionera de decisiones que no compartía, “obligada a cumplir órdenes sin preguntar ni chistar”.
El 11 de septiembre, la Corte Suprema de Tucumán selló el otro tramo del expediente. La Sentencia 1343 —Estofán, Leiva, Posse y Forte— rechazó la queja de la denunciante, patrocinada por Juan Andrés Robles y José César Díaz, y dejó firme el sobreseimiento de Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.
El archivo probatorio que esa sentencia convalidó es el mismo que ahora mira la Justicia Federal: 530 megabytes extraídos por UFED; el emoji del ratoncito con corazón enviado por la denunciante a Sosa a las 6.18, minutos después de salir de la habitación 407; la pericia biomecánica de Marcela Machado, que no halló alteración en la marcha; los informes ginecológicos de la doctora Chehuan sobre una ectropionitis preexistente; las pericias psicológicas de Elizabeth Natalia Seguín y Natalia Alba Mendieta, que describieron un relato inexacto, incongruente y con lagunas amnésicas. El 4 de marzo de 2024, a las 19.30 —dos días antes de la denuncia policial—, Petraglia se presentó en el Hilton a pedir las filmaciones sin orden judicial.
En paralelo, el expediente provincial, impulsado por Florentín con el patrocinio de Abdala y Atim, pidió la detención de Neme, Pablo Venditti, Cisneros, Petraglia y Milagros Castellote, y el desafuero del diputado. A Cisneros lo describe como jefe de la asociación ilícita del artículo 210 y autor intelectual del falso testimonio y del robo simulado del celular. A Petraglia, como miembro del grupo y como quien reclamó las cámaras. A Neme, como instigadora de un testigo y responsable del borrado de chats. Neme y Díaz, además, patrocinaron a Parache mientras gozaban de licencias psiquiátricas con goce de sueldo en la Caja Popular por más de 50 días corridos.
Sobre ese mismo diputado pesan las declaraciones juradas que presentó ante el Congreso y la Oficina Anticorrupción. Entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2025, los bienes informados pasaron de 2.266.226 pesos a 705.393.952. En dólares —según el tipo de cambio implícito de sus propias tenencias— el salto es de 60.433 a 487.824: ocho veces. En pesos, 205 veces. Un lote de la avenida Presidente Perón figura a su nombre en los formularios y, en el registro provincial, a nombre de sus tres hijas y de la cónyuge de Ledesma. La superficie de esa parcela y la de la casona de Tafí del Valle y de la casa de Yerba Buena oscilan, declaración tras declaración, entre 100 y 3.284 metros cuadrados.
La caja negra que el visitante no pregunta
El inventario que Chahla no puso sobre la mesa es el que esta redacción viene publicando desde mayo. El Presupuesto 2026, votado el 18 de diciembre de 2025, calcula 349.783 millones. Unos 110.000 millones —el 31,5%— van a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Tres de cada diez pesos. El Banco Mundial estima que los municipios argentinos destinan, en promedio, el 13% a ese rubro. Córdoba llegó al 18,4% y lo presentó como récord. San Miguel de Tucumán duplica el promedio nacional.
El contrato de recolección con Transportes 9 de Julio, prestadora desde 1991, fue prorrogado cinco años —con revisión anual— en la última sesión de 2024, sin que el Concejo hubiera consensuado el pliego de una nueva licitación. Las plantas de San Felipe y Overo Pozo las operan Esur y Ciageser, del mismo holding, por 68.142 millones a 60 meses. En noviembre de 2024, el contador general Marcelo Albaca estimó la recolección en “cerca de los 25 mil millones anuales”: más de 68 millones por día.
Sobre esa cadena se apoya el Decreto del 28 de diciembre de 2023. Chahla, Camila Giuliano y Sebastián Ruiz Toscano protocolizaron un Convenio Marco de cuatro años con Concilio & Sarralde. No fue un informe puntual sobre la gestión anterior. Fue un contrato de auditoría “contable, financiera, jurídica, laboral, tributaria y administrativa”, pagado por certificación horaria al amparo del artículo 42 de la Ordenanza 570/80, con oficina y muebles dentro del edificio municipal. Los informes son confidenciales. El Comité Ejecutivo lo integran Octavio Concilio y Marcelo Albaca. El brochure del estudio lista como clientes públicos, uno al lado del otro, a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, al Consorcio GIRSU, a la Caja Popular y a PopulART. El auditor del que paga se anuncia como proveedor del que trata y entierra la basura, y como auditor de la caja del visitante de este viernes.
En mayo, González denunció penalmente a cinco funcionarios —Chincarini, Giuliano, Rodrigo Gómez Tortosa, Ruiz Toscano y Albaca— por doce contrataciones directas por 2.700 millones. Cooperativas sin inscripción en el registro de proveedores cobraron cientos de millones por cortar pasto. Atres Impresiones facturó 398 millones por 40 refugios y otros 252 por veinte más. Proyectar Futuro, 394 millones en tres meses. Providers, 398 millones en kits de “micro embarcado”. “Un ministro provincial tiene facultad para contratar 10 millones y acá un secretario municipal maneja 400 millones de pesos de manera directa”, dijo la edil. “La intendenta no firma en ningún lado. Todo está firmado por secretarios.” Y añadió la frase que quedó: “Así como el problema de Javier Milei es Karina Milei, el problema de Rossana Chahla es San Pedro.”
El 26 de agosto, los jueces de Faltas Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo pidieron copia autenticada de los últimos 24 recibos de haberes de los secretarios. El Decreto 0262, de marzo de 2024, les había reconocido “el mismo rango de Secretario de Estado Municipal”. El municipio no entregó los recibos, invocó la Ley de Protección de Datos Personales y, derogó la paridad. Lizondo acusó desviación de poder. El 4 de septiembre, el Concejo facultó a Hacienda a agrandar hasta un 15% el Presupuesto: 52.350 millones de margen discrecional, sin destino votado, en manos del mismo Ruiz Toscano que firmó el convenio secreto. Emiliano Vargas Aignasse pidió que no se lo llamara ampliación. El 23 de septiembre, el Ejecutivo auditó al Tribunal de Faltas y habló de “serias ineficiencias”. El organismo que en 2025 tramitó más de 97.000 actas y recaudó 1.993 millones pasó a ser el problema. Quien no publica el sueldo de un secretario se ofreció como auditor de quienes se lo pidieron.
Recibir a Cisneros en el despacho, con foto oficial y texto de “vínculos que contribuyan al crecimiento”, es una definición. No es un saludo de pasillo. Es la intendenta envuelta en la caja negra, en las cooperativas de 2.700 millones, en el convenio confidencial con Concilio, en la derogación del decreto de los jueces y en la auditoría-represalia del Tribunal de Faltas, que elige exhibir a su histórico jefe político cinco días antes de que ese jefe se siente frente a un juez federal a responder por trata de personas.
