La causa que investiga la presunta estafa piramidal vinculada a Lebron Group SAS dará un giro clave en los tribunales tucumanos. La Justicia Penal Ordinaria resolvió apartarse del expediente y enviar las actuaciones a la Justicia Federal, a partir de la posibilidad de que los hechos investigados configuren un delito que exceda las estafas particulares denunciadas por los damnificados.
El expediente se inició tras las denuncias de unas 15 personas contra Franco Alderete, titular de Lebron Group. Según las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público Fiscal, los denunciantes entregaron distintas sumas de dinero bajo la modalidad de inversión vinculada a la actividad comercial de “Lebron Suplementos”.
El acuerdo contemplaba el pago de rendimientos. En los casos de inversiones en pesos, la tasa prometida habría llegado al 7% mensual, mientras que para quienes aportaban dólares se habría establecido un rendimiento del 3,4%.
El perjuicio económico calculado hasta el momento superaría los $536 millones.
Los denunciantes ubicaron el inicio de los problemas en distintos momentos. Algunos señalaron mediados de 2023, otros mediados de 2024 y la mayoría marcó febrero de 2025 como el comienzo de las dificultades. La situación se habría agravado en enero de 2026. Desde entonces, el caso ganó exposición pública a través de las redes sociales.
El punto que cambió la causa
La investigación estaba bajo la órbita de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Diego Hevia. Durante el avance del expediente, el funcionario judicial detectó que la hipótesis delictiva podía superar el marco de una serie de estafas individuales.
El análisis puso el foco en una posible intermediación financiera no autorizada. Esa figura excede las competencias de la Justicia Penal Ordinaria y abrió la puerta al traslado del expediente al ámbito federal.
Con ese argumento, Hevia solicitó que la Justicia provincial se declarara incompetente.
El planteo fue aceptado por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien dispuso la remisión de las actuaciones al fuero federal. De esta forma, será esa jurisdicción la que deberá determinar el alcance de las operaciones investigadas y las eventuales responsabilidades.
Qué analiza ahora la Justicia Federal
La resolución judicial planteó una diferencia central respecto del comienzo de la causa. El expediente ya no se limita a establecer si existieron perjuicios contra determinados inversores.
La hipótesis que tomó fuerza apunta a determinar si una o más personas captaron dinero de terceros con el objetivo de invertir esos fondos y generar rendimientos sin contar con autorización del Banco Central.
Ese aspecto resulta clave para la competencia federal. Según el criterio expresado en la resolución, una eventual maniobra de ese tipo podría afectar no sólo el patrimonio de cada denunciante, sino también la confianza en el sistema financiero.
El magistrado también consideró que dividir el expediente entre dos fueros generaría un problema para la investigación. Una parte quedaría en la Justicia provincial por las presuntas estafas y otra en la Federal por la posible intermediación financiera. Para el juez, esa separación podría fragmentar el análisis de una misma maniobra.
La defensa de Alderete
Alderete rechazó las acusaciones de estafa. El titular de Lebron Group reconoció que atravesó dificultades financieras, pero sostuvo que mantuvo los pagos y que las obligaciones reclamadas por algunos denunciantes resultaron imposibles de afrontar en las condiciones planteadas.
En ese contexto, explicó que los incumplimientos contractuales se produjeron por distintos problemas económicos y negó que hubiera cometido una estafa.
El empresario también recurrió al fuero civil. El 5 de julio presentó el pedido de quiebra de Lebron Group, en paralelo con el avance de las denuncias penales.
Ahora, con la intervención de la Justicia Federal, la investigación ingresará en una nueva etapa. El eje estará puesto en determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores, bajo qué modalidad fueron captados y si existió una actividad financiera sin autorización oficial.
