El juicio contra Daniel Edgardo Chavarría, exsargento primero de la Policía de Tucumán, sumó este miércoles nuevos testimonios. En la tercera audiencia del debate oral, varios puesteros de una galería de la zona de El Bajo relataron ante la Justicia las operaciones que, según la acusación, terminaron en perjuicios económicos para comerciantes y para la empresa propietaria del paseo.
La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila. La auxiliar de fiscal Emely Rafael y la investigadora Florencia Giménez Saravia representan al Ministerio Público Fiscal en el debate, que conduce la jueza María Alejandra Balcázar.
La acusación sostiene que Chavarría se valió de la confianza que generaba su condición de integrante de la fuerza policial para realizar distintas operaciones. Entre ellas aparecen cobros anticipados por alquileres y renovaciones de contratos correspondientes a 2024 y supuestas ventas de locales que todavía estaban en construcción.
El dinero que está bajo la lupa
Uno de los episodios principales se relaciona con los alquileres. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el acusado habría recibido $4.760.000 de distintos feriantes en concepto de adelantos y renovaciones contractuales para 2024.
La Fiscalía sostiene que ese dinero nunca llegó a la sociedad administradora del Paseo Sáenz Peña, por lo que el perjuicio alcanzó tanto a los comerciantes como a la firma propietaria del predio.
La segunda modalidad investigada tuvo como escenario una feria que se construía sobre avenida Sáenz Peña al 100, identificada en otros informes de la causa como Sáenz Peña 155. Según la acusación, Chavarría habría aparentado tener autorización para comercializar los locales.
La maniobra habría alcanzado a cinco compradores, quienes entregaron dinero bajo la creencia de que las operaciones eran legítimas. En total, la Fiscalía atribuye a este mecanismo el cobro de $6.050.000.
El expediente cuenta, además, con un informe del equipo contable del Ministerio Público Fiscal. Ese análisis estableció que el perjuicio económico total, actualizado al 31 de agosto de 2025, rondó los $38,9 millones.
La prueba que presentó la Fiscalía
La acusación no se apoya solo en los testimonios. Entre los elementos incorporados al debate figura una pericia caligráfica de la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sobre talonarios y recibos manuscritos atribuidos al acusado.
También forman parte del plexo probatorio la documentación reunida en la investigación y las declaraciones de las personas que denunciaron las presuntas maniobras.
Al explicar la teoría del caso, Rafael sostuvo que la causa reúne a numerosas personas que denunciaron los hechos y planteó: “Hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar. El acusado estructuró y ejecutó un plan sistemático que se verá reflejado en las declaraciones testimoniales y en el material probatorio que vamos a traer al debate”.
La representante del MPF también señaló que existirían otras personas que no realizaron denuncias. Según la acusación, una de las razones estaría vinculada con la confianza que generaba la condición de policía de Chavarría.
Una segunda causa por presunta asociación ilícita
La investigación también abrió otra línea judicial. La Fiscalía informó que del expediente surgieron elementos que dieron origen a una causa separada por presunta asociación ilícita.
Ese expediente continúa bajo investigación y fue tramitado de manera independiente. La existencia de esa pesquisa también fue mencionada durante la audiencia que precedió a la elevación a juicio.
En la causa principal, Chavarría está acusado como presunto autor de abuso de confianza en concurso real con estafas reiteradas. La querella adhirió a los planteos del Ministerio Público Fiscal.
Por la cantidad de hechos atribuidos, el perjuicio económico calculado y la cantidad de víctimas, la Fiscalía anticipó que pedirá 14 años de prisión de cumplimiento efectivo. El debate continuará con nuevos testimonios antes de que el tribunal quede en condiciones de definir el veredicto.
