Los Juzgados de Paz podrán tramitar divorcios: el nuevo esquema que prepara la Justicia tucumana

a Corte Suprema provincial avanza con un plan para acercar el servicio de Justicia a las localidades del interior. El programa incluyó 55 intervenciones edilicias y sumará nuevas competencias para los Juzgados de Paz Letrados a partir del 1 de noviembre.

El acceso a la Justicia tendrá un nuevo esquema territorial en Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia impulsa una transformación de los Juzgados de Paz para que funcionen como puntos cercanos de atención y resolución de conflictos. El objetivo central es reducir las distancias que deben afrontar los vecinos del interior para realizar trámites o iniciar determinados procesos judiciales.

La iniciativa apunta a resolver una dificultad concreta: para muchas personas, la distancia con los tribunales de las principales ciudades representa una barrera para acceder a una respuesta judicial. Con dependencias renovadas y mayor capacidad operativa, el Poder Judicial busca llevar parte de esos servicios a las propias comunidades.

El plan incluyó hasta el momento 55 intervenciones en distintos puntos de Tucumán. De ese total, 20 correspondieron a edificios nuevos, con instalaciones preparadas para las necesidades del expediente digital y espacios destinados a la atención al público.

Las nuevas sedes se construyeron en La Ramada, Gobernador Garmendia, Lules, Amaicha del Valle, El Mollar, Alpachiri, Los Sarmientos, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Bella Vista, Delfín Gallo, Tacanas, Los Puestos, Atahona, Taco Ralo, Tafí Viejo, Cebil Redondo, Acheral, Villa Quinteros y Río Seco.

El programa también alcanzó a inmuebles que ya funcionaban como Juzgados de Paz. La Corte terminó 28 obras de refacción y puesta en valor en diferentes localidades. Entre ellas aparecen Gobernador Piedrabuena, El Chañar, El Timbó, Villa Benjamín Aráoz, Villa Padre Monti, Aguilares, Villa Hileret, El Sacrificio, Rumi Punco, Colombres, Los Ralos, Orán, Quilmes, Santa Rosa de Leales, Río Colorado, Villa de Leales, Simoca, Los Gómez, Santa Cruz, Medinas, Monteagudo, Graneros, La Madrid, Árboles Grandes, Trancas y San Pedro de Colalao.

En Ranchillos y Las Cejas, el alcance de los trabajos fue mayor. Ambos proyectos comenzaron como refacciones, pero luego se transformaron en reconstrucciones integrales con edificios nuevos. Las obras ingresaron en su etapa final.

Más competencias para los Juzgados de Paz

La transformación no se limitará a la infraestructura. El próximo paso tendrá lugar el 1 de noviembre de 2026, cuando entre en vigencia la Ley Nº 9987, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte mediante la Acordada Nº 734/26.

A partir de esa fecha, los Juzgados de Paz Letrados podrán tramitar procesos de divorcio y resolver sobre el régimen comunicacional provisorio de niños, niñas y adolescentes.

La medida implicó una preparación previa. Funcionarios y empleados recibieron capacitación obligatoria. Además, el Poder Judicial adaptó el sistema informático SAE y elaboró formularios específicos para estas nuevas actuaciones.

La modificación también permitirá que las familias puedan plantear en sus propias localidades cuestiones urgentes vinculadas con la comunicación entre niños, niñas y adolescentes y sus progenitores u otros referentes familiares.

La competencia tendrá límites. Los conflictos patrimoniales de mayor complejidad y las cuestiones de fondo continuarán bajo la órbita de los Juzgados de Familia especializados. Los Juzgados de Paz asumirán una función inicial para atender situaciones urgentes y facilitar el acceso al sistema judicial.

El cambio apunta así a modificar el papel tradicional de estas dependencias. La intención es que los Juzgados de Paz dejen de ser espacios destinados principalmente a trámites administrativos y se conviertan en puntos territoriales de acceso efectivo a la Justicia.

Para los vecinos del interior, el impacto más concreto será la posibilidad de resolver determinadas cuestiones sin tener que trasladarse hasta la Capital o los principales centros urbanos. Para la Corte, el desafío consiste en consolidar una red judicial más cercana, con infraestructura adecuada y capacidad para responder a las necesidades inmediatas de cada comunidad.

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