El legislador provincial Manuel Courel y el concejal de Simoca Luis Escobar sufrieron un nuevo traspié en la causa que promovieron contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito.
La jueza Cecilia Tasquer rechazó el pedido de revisión que habían presentado los dirigentes de Cambia Tucumán y ratificó la decisión del Ministerio Público Fiscal. De esta forma, Courel y Escobar no podrán intervenir como querellantes particulares en la investigación.
La audiencia se realizó de manera virtual. Los denunciantes estuvieron representados por el abogado Luis Díaz Augier, quien sostuvo que ambos dirigentes tenían una afectación concreta por sus funciones como legislador y concejal.
La defensa también planteó que una investigación por presunto enriquecimiento ilícito excede a una eventual víctima individual. Según ese argumento, el delito podría afectar el normal funcionamiento de la administración pública y comprometer intereses colectivos.
Sin embargo, el nuevo fiscal de Concepción, Fernando Blanno, se opuso al planteo. El representante del MPF sostuvo que la legislación procesal establece que la figura del querellante corresponde a quienes sufrieron una afectación directa por el hecho investigado.
“No reúnen los requisitos para ser querellantes particulares porque no son víctimas del hecho; ni siquiera son afectados de manera directa”, defendió.
Courel cuestionó esa interpretación durante la audiencia. El legislador planteó que, en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario público, resulta difícil identificar a una víctima particular. Según sostuvo, el eventual perjuicio alcanza al Estado y a la ciudadanía.
Tras escuchar las posiciones de las partes, Tasquer confirmó el criterio de la Fiscalía. La magistrada concluyó que Courel y Escobar no reunían las condiciones legales necesarias para asumir el rol de querellantes en el expediente.
La jueza también señaló que la situación podría haber sido distinta si la presentación hubiera contado con el respaldo de una persona jurídica dedicada a la lucha contra la corrupción.
El expediente investiga una denuncia vinculada con la presunta adquisición de una propiedad en el country Las Yungas, cuyo valor superaría el millón de dólares.
En el cierre de la audiencia, Courel cuestionó la marcha de la investigación. Afirmó que los denunciantes aportaron documentación durante los últimos meses y reclamó avances en el expediente.
“Esperemos que Blanno le dé la celeridad que necesita esta causa. Vamos a seguir aportando pruebas, pero le pedimos al MPF que avance con una causa que es de interés público de todos los tucumanos”, dijo.
Por su parte, Díaz Augier planteó la necesidad de modificar las normas procesales vinculadas con la participación de particulares en este tipo de investigaciones. También reclamó la creación de una oficina anticorrupción.
“Desde 2006 a esta parte no existen condenas por delitos de corrupción y no se investiga”, advirtió.
Del otro lado, la intendenta Raquel Graneros no realizó declaraciones públicas desde la presentación de la denuncia. Su abogada, Paula Morales Soria, rechazó las acusaciones y aseguró que la propiedad mencionada no pertenece a la jefa municipal.
“Todos los informes que la Justicia ha pedido están a favor de la intendenta. Lo único que (los denunciantes) han presentado es una copia de las expensas que no está autenticada. Ellos nos han denunciado judicialmente y nosotros responderemos judicialmente”, mencionó.
Así, la causa sumó una nueva resolución adversa para los denunciantes, aunque Courel anticipó que continuará con la presentación de pruebas y reclamó mayor velocidad en la investigación contra la intendenta de Graneros.
