Los Bomberos Voluntarios de Tucumán volvieron a poner el foco sobre la situación financiera que atraviesa el sistema. Representantes de 25 cuarteles resolvieron por unanimidad declararse otra vez en Estado de Alerta y avanzar con nuevas medidas ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales.
La decisión surgió de una asamblea que tuvo lugar este miércoles 19 de agosto en Tafí Viejo. Allí participaron representantes de la Federación 3 de Junio y de la Federación del Norte, quienes analizaron las gestiones realizadas hasta el momento para obtener la aplicación efectiva de los beneficios previstos por la Ley 9.039.
El reclamo tendrá ahora una nueva instancia administrativa. Las federaciones resolvieron presentar un pronto despacho sobre el expediente N.º 613/111-D-2018, vinculado con la reglamentación de los beneficios que establece la normativa provincial.
La decisión no implica el cierre del diálogo con el Gobierno tucumano. Los representantes de los cuarteles remarcaron que mantendrán las vías institucionales, aunque reclamaron resultados concretos.
“Los Bomberos Voluntarios seguimos apostando al diálogo, pero también a que las leyes se cumplan”, expresaron desde las federaciones.
Un reclamo que también tiene un frente nacional
La situación de los cuarteles tucumanos se produce en paralelo con una discusión de mayor alcance. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reclama recursos que, según un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno nacional no distribuyó durante los últimos dos años.
El diputado nacional Ariel Rauschenberger (PJ-La Pampa) reveló que la cifra llegó a $59.330 millones. El legislador obtuvo el dato tras solicitar información oficial, luego de que sus consultas formales al Poder Ejecutivo no recibieran respuesta.
Se trata de recursos con un destino específico. No provienen de una asignación discrecional del Tesoro, sino de una contribución obligatoria que las compañías de seguros abonan sobre las primas, con excepción de los seguros de vida.
La Ley 25.054, sancionada en 1998 y modificada en 2014, determina el destino de esos fondos. El 78% debe repartirse en partes iguales entre los cuarteles, mientras que el 12% corresponde a las federaciones provinciales según la cantidad de asociaciones que reúnen. El resto se distribuye entre el Consejo de Federaciones y la autoridad de aplicación para tareas de fiscalización y capacitación.
Rauschenberger cuestionó que una parte de esos recursos no llegue a sus destinatarios.
“No son fondos extraordinarios, son fondos que por la ley les corresponden a los bomberos. El Gobierno los recauda y administra, pero tienen afectación específica”, sostuvo el diputado.
El dato adquiere una dimensión particular en Tucumán. La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad incluyó a 15 asociaciones de primer grado de la provincia entre las entidades habilitadas para recibir recursos.
La lista contempla a los cuarteles de Aguilares, Bella Vista, Burruyacú, Colalao del Valle, Concepción, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Las Talitas, Monteros, Tafí del Valle, Tafí Viejo, Tapia, Trancas, El Manantial y Yerba Buena.
Para este ejercicio, cada asociación debía recibir $94.924.971,75.
Cuánto representa para Tucumán
La magnitud del reclamo nacional permite dimensionar el impacto potencial sobre los cuarteles tucumanos. Si se toma como referencia el cálculo de casi $50 millones por cuartel sobre los $59.330 millones que no se distribuyeron, el monto correspondiente a las 15 asociaciones tucumanas podría rondar los $750 millones.
A esa suma debe agregarse la participación que corresponde a la Federación 3 de Junio de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tucumán, de acuerdo con los criterios previstos para las federaciones provinciales.
El presidente de esa entidad, José Rinaldi, planteó el reclamo con dureza: “La Nación no está girando los fondos. Es mucha plata y no es que pedimos plata aparte, es plata nuestra, que pertenece a bomberos voluntarios, con caja única”.
El conflicto tiene consecuencias concretas para los cuarteles. Los recursos permiten afrontar gastos de combustible, mantenimiento, equipamiento e indumentaria. Por eso, la falta de fondos impacta de forma directa sobre la capacidad operativa de las asociaciones.
El punto de fondo: fondos con destino específico
La discusión excede a los bomberos. El caso forma parte de una controversia mayor sobre el manejo de recursos que cuentan con afectación específica por ley.
Una situación similar aparece en los fondos destinados a infraestructura vial e hídrica. En esos casos, distintos recursos tributarios tienen destinos establecidos por normas específicas. La discusión surge cuando esos fondos no llegan en su totalidad al objetivo para el cual fueron creados.
En el caso de los bomberos, el esquema es claro: las aseguradoras realizan una contribución, el Estado nacional la recauda y la legislación determina quiénes deben recibirla.
Por eso, el reclamo no apunta a conseguir un subsidio extraordinario.
Los cuarteles reclaman recursos que, según sostienen, ya fueron recaudados y cuentan con un destino establecido por ley.
Ese es también el argumento que llevó a los representantes tucumanos a reactivar sus gestiones ante la Provincia. La presentación del pronto despacho sobre el expediente que permanece pendiente constituye el próximo paso formal.
Mientras tanto, 25 cuarteles de Tucumán volvieron a colocarse en Estado de Alerta. La decisión mantiene abierto el canal institucional, pero también marca un límite frente a la falta de respuestas.
El mensaje de los bomberos fue directo: el diálogo puede continuar, pero la exigencia de que las normas se cumplan también.
