La investigación penal por la destrucción deliberada de una de las nuevas garitas tecnológicas del transporte público en San Miguel de Tucumán se encuentra virtualmente paralizada. Pese a que el trabajo de campo de la Policía permitió identificar al presunto autor material en apenas una semana, la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, bajo la conducción del fiscal Daniel Sosa Piñero, rechazó los pedidos de allanamiento, secuestro de pruebas y detención solicitados por las fuerzas de seguridad, dejando el expediente sin movimientos significativos.
Según confirmaron fuentes tribunalicias, la causa penal está caratulada como «García Aldo José Antonio s/ Daño ejecutado en cosas de valor científico, cultural, militar o religioso e instalaciones públicas», un delito tipificado en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal. Sin embargo, a pesar de la gravedad del perjuicio contra el patrimonio público y de la contundencia de las pruebas preliminares, el principal sospechoso, un joven de 25 años, aún no fue formalmente imputado ni citado por la Justicia.
El caso se inició a partir de la denuncia radicada por el secretario de Ordenamiento y Convivencia de la Municipalidad capitalina, Javier González. La presentación judicial incluyó el registro audiovisual de una cámara de seguridad privada aportada por un vecino. En la filmación se observa con nitidez cómo un motociclista detiene su marcha sobre la calle San Lorenzo al 1500, desciende del rodado y arroja un cascote de gran tamaño contra la pantalla LED de la parada inteligente, para luego continuar golpeando la estructura de manera violenta antes de darse a la fuga.
El avance policial parecía concluyente. Efectivos de la Comisaría 3ª cruzaron las imágenes del ataque con las actas de un control preventivo de rutina realizado minutos antes del vandalismo por personal del Distrito 1. En ese procedimiento previo, el sospechoso había sido demorado, lo que permitió registrar sus datos filiatorios exactos y constatar que se movilizaba en la misma motocicleta Motomel Blitz 110 visible en la escena del crimen. Tareas de vigilancia posteriores permitieron a la Policía localizar el domicilio donde el acusado reside y al que ingresaba habitualmente.
Con este cúmulo de evidencias, los investigadores policiales requirieron de manera formal la autorización judicial para proceder al allanamiento de la vivienda, la detención del sospechoso y el secuestro de la motocicleta, el casco y las prendas de vestir utilizadas durante el ataque, solicitando incluso el uso de la fuerza pública ante una eventual resistencia.
No obstante, la negativa de la Unidad Fiscal a convalidar estas medidas procesales de urgencia bloqueó el progreso de la instrucción. Mientras la infraestructura tecnológica comunal —diseñada para modernizar el sistema de transporte local— permanece dañada, la causa penal ingresó en un cono de sombra institucional a la espera de un cambio de criterio por parte de los funcionarios judiciales a cargo.
