El diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros enfrenta un nuevo capítulo en la investigación de su patrimonio. La Justicia Federal examina una operación inmobiliaria de 2017 en la que adquirió, a través de sus hijas, una esquina de alto valor en Yerba Buena por una fracción de su precio de mercado, reservándose el usufructo vitalicio mientras declaraba el bien como propio ante la Oficina Anticorrupción.
El caso se inscribe en un patrón de crecimiento patrimonial que, según las propias declaraciones juradas del legislador, multiplicó su fortuna por más de doce veces en dólares entre 2019 y 2024, pasando de unos 38.000 a alrededor de 451.000 dólares. Todo ello mientras se desempeña como empleado bancario en uso de licencia sindical, según denunció El Tucumano.
La operación de Yerba Buena
El 18 de agosto de 2017, en tres escrituras consecutivas ante el Registro Notarial N° 55 de Tucumán, las constructoras Marán SRL y MAK Construcción transfirieron 2.046 metros cuadrados sobre la Avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, a las hijas de Cisneros —María Mercedes, Cecilia Mariana y María Marta— y a Patricia Valiente, esposa de su cuñado, el legislador Hugo Ledesma. El precio escriturado ascendió a $1.830.000, equivalente a unos 104.600 dólares al cambio oficial de la época.
Hoy, ese mismo terreno, ubicado en uno de los corredores más cotizados de la provincia, supera el millón de dólares de valor de mercado. La familia pagó, en consecuencia, aproximadamente la décima parte de su cotización actual.
En la escritura N° 100 quedó registrado un usufructo vitalicio a favor de Carlos Aníbal Cisneros, lo que le otorga el derecho de usar el inmueble y percibir todos sus frutos durante toda su vida. El título quedó a nombre de las hijas; el beneficio económico, en manos del padre.
Sin embargo, en las seis declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción entre 2019 y 2024, Cisneros omitió mencionar el usufructo y declaró el lote como de su propiedad al 100%, con origen en “ingresos propios”. La superficie declarada también sufrió variaciones: en 2021 la redujo de 1.446 a 300 metros cuadrados y la restituyó recién en 2024.
El patrimonio de las hijas y de Federico Petraglia
Las tres hijas de Cisneros —María Mercedes, Cecilia Mariana y María Marta— figuran como titulares de sociedades con actividad financiera e inmobiliaria de envergadura. Malaquita SRL opera como financiera, mientras que Emprendimiento Turístico SRL desarrolla proyectos turísticos de alto nivel.
Junto con Juan Federico Petraglia —a quien Cisneros llama públicamente su “hijo de cariño” y que se desempeña como empleado de la Caja Popular—, las hijas son socias de Emprendimiento Turístico SRL. Esta firma explota el complejo de cabañas de lujo La Madrina y el restaurante Muppa Cocina Ritual en Tafí del Valle. El emprendimiento, ubicado sobre un terreno de aproximadamente 7.000 metros cuadrados a nombre de Petraglia, está valuado entre 3,7 y 5 millones de dólares.
El terreno no pertenece a la sociedad Emprendimiento Turístico SRL, sino que figura a nombre de Juan Federico Petraglia. Este último tramita la prescripción adquisitiva sobre tierras originalmente inscriptas a nombre de terceros, como María Graciela Palacio. Un plano de mensura para prescripción adquisitiva aprobado por Catastro en octubre de 2023 identifica a Petraglia como poseedor.
Además de este complejo, las hijas acumulan al menos seis departamentos de categoría en el barrio norte de San Miguel de Tucumán. Petraglia, por su parte, registra a su nombre al menos ocho inmuebles de alto valor adquiridos entre los 21 y los 25 años de edad: cuatro unidades habitables, dos cocheras de subsuelo, un terreno privilegiado en Tafí del Valle y una casa country en Alto Verde I. En 2024 adquirió tres unidades en el edificio de General Paz 574 —donde funciona el estudio de la abogada Patricia Neme y el multimedio Enterate— bajo la fórmula de “compra en comisión”, declarando comprar para un comitente cuyo nombre se reservó.
Petraglia integró Emprendimiento Turístico SRL a los 21 años aportando $100.000 en efectivo y actuó con poder especial irrevocable otorgado por Rene Ahmed para concretar la operación del terreno en Tafí del Valle. Cisneros declaró ante la Oficina Anticorrupción un inmueble de 3.284 metros cuadrados en Tafí del Valle con destino “cesión gratuita”.
El negocio del juego y Emprendimientos Argentinos SAS
El control histórico de la Caja Popular de Ahorros —organismo que administra la quiniela, tragamonedas, hipódromo y plataformas de apuestas en la provincia— constituye otro pilar del entramado patrimonial investigado. Según diversas investigaciones periodísticas, el monopolio del juego bajo influencia cisnerista movilizó alrededor de 9.500 millones de dólares en tres décadas.
En 2022, Cisneros creó Emprendimientos Argentinos SAS, de la que es socio único. El objeto social de la empresa incluye la facultad de “designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán” con autorización de la Caja Popular.
En una entrevista del 15 de junio en el programa El Avispero —emitido por un multimedios vinculado a su entorno—, el propio diputado reconoció su influencia directa en la autorización de las plataformas de apuestas en línea Pálpitos y TucuApuestas, las únicas habilitadas por la Caja. Casi la mitad de su patrimonio declarado (46,5 %) corresponde a esta sociedad.
Cisneros explicó que las dos plataformas responden a un criterio de limitación para “resguardar a los jóvenes de la ludopatía”, atribuido a un compromiso de Juan Manzur con la Iglesia. Reconoció haber recomendado al interventor José César Díaz y haberle transmitido el criterio para habilitarlas.
La Justicia Federal investiga estos vínculos bajo figuras como negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, en el marco de causas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.
El contexto de las investigaciones
El escándalo inmobiliario de Yerba Buena se suma a la causa federal en la que Cisneros, junto con Federico Petraglia y otras personas, enfrenta acusaciones por presunta trata de personas con fines de explotación sexual derivada del caso Vélez. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó su indagatoria y prohibición de salida del país.
En síntesis, Carlos Cisneros, quien durante décadas ejerció influencia decisiva sobre instituciones clave de Tucumán, enfrenta ahora el escrutinio de una fortuna cuyo origen y justificación la Justicia Federal intenta esclarecer.
