Mediante un decreto firmado el 27 de mayo y publicado el 9 de junio en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso una ampliación presupuestaria de 200 millones de pesos para el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), con fondos aportados por la Caja Popular de Ahorros. La medida se adopta en el marco de la multimillonaria deuda que la entidad crediticia mantiene con el sistema sanitario, estimada en más de 3.381 millones de pesos por el período 2020-2023, más intereses.
El Decreto N° 1.142/3 (SH) incrementa el recurso denominado “Siprosa – Aportes Caja Popular de Ahorros” y destina la totalidad de esos 200 millones a la adquisición de equipamiento, a través de la partida presupuestaria “Equipos Varios”. Según los fundamentos del decreto, la ampliación responde a un pedido del propio Siprosa para adecuar las previsiones a una estimación de mayores ingresos proyectados para el resto del ejercicio 2026. El Poder Ejecutivo invocó las facultades de la Ley de Presupuesto vigente para incorporar recursos adicionales ante incrementos en la recaudación o nuevas fuentes de financiamiento.
Esta decisión adquiere particular relevancia en el contexto de una extensa disputa administrativa, contable y judicial por las transferencias que la Caja Popular debe realizar al Siprosa en cumplimiento de la Ley N° 5.115. Esa norma establece en sus artículos 21 y 21 bis la obligación de destinar el 25% del resultado bruto del sector juegos de azar, además de una suma fija mensual de 400.000 pesos, al sistema público de salud.
En noviembre de 2023, el Tribunal de Cuentas de la Provincia detectó graves incumplimientos en las transferencias entre 2020 y 2023. Las auditorías del organismo de control estimaron una deuda total de 3.381.104.038 pesos, más intereses por mora. Esta irregularidad motivó, en junio de 2024, la apertura de un Juicio de Responsabilidad contra el entonces interventor de la Caja Popular, José César Díaz —dirigente muy cercano al diputado nacional Carlos Cisneros—, y la primera denuncia penal ante la Justicia provincial.
El Tribunal designó como co-instructor en el juicio al letrado Martín Colomo para asistir al abogado fiscal Agustín Gollán, dada la complejidad del caso. Los vocales del organismo, con la firma del presidente Miguel Chaibén Terraf, destacaron que el incumplimiento privó al Siprosa de fondos con destino específico, generando un perjuicio al erario provincial.
En noviembre de 2025, el Tribunal amplió la denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira. Los pagos efectuados por la Caja Popular —más de 900 millones de pesos, en dos tramos de 588 millones (noviembre 2024) y 320 millones (mayo 2025)— fueron realizados de manera tardía, unilateral y sin la conformidad del Siprosa ni control del Tribunal. Estas transferencias, además, fueron imputadas a períodos distintos a los reclamados originalmente.
El organismo de control subrayó que tales conductas podrían configurar los delitos de violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos (artículos 248 y 260 del Código Penal). “El incumplimiento persistente durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 importó la privación ilegal y continuada de fondos públicos con destino a la salud provincial, en plena emergencia sanitaria”, consignó el Acuerdo N° 5183.
La controversia se inscribe en un marco más amplio de cuestionamientos a la gestión anterior de la Caja Popular. En mayo de 2026, la actual Intervención de la entidad, a cargo del contador Guillermo A. Norry, declaró nula la designación de José César Díaz como Subgerente General Adscripto en planta permanente (Resolución de Intervención N° 494/23). La medida ordena recuperar alrededor de 600 millones de pesos (posiblemente más de 700 millones según el Tribunal) por el cobro simultáneo e indebido de dieta como interventor y salario de planta durante 31 meses, en violación de la Constitución provincial.
Informes periodísticos previos, basados en balances y auditorías, han revelado que el desvío histórico de fondos del juego hacia el Siprosa en tres décadas supera los 2.100 millones de dólares, lo que representa un perjuicio estructural para la salud pública tucumana.
