La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso mediante la Acordada N.º 403/26, emitida el 13 de mayo, una reorganización en la asistencia a los Juzgados del Trabajo del Centro Judicial Capital que implicará desde el 29 de mayo el traslado del Juzgado de la V° Nominación a la Oficina de Gestión Asociada (OGA) N.º 3, mientras que el de la XII° Nominación pasará a depender de la OGA N.º 1. Aunque el texto formaliza estos cambios desde un ángulo técnico, detrás de la decisión se esconde un conflicto institucional.
Constanza Romero, titular del Juzgado del Trabajo de la V° Nominación, que operaba bajo la OGA N.º 1, había manifestado diferencias con Gustavo Grucci, director de la misma oficina. Según pudo confirmar Tendencia de Noticias, el respaldo hacia Romero fue unánime entre sus tres colegas de la OGA, quienes solicitaron formalmente que Grucci dejara su cargo. No obstante, la respuesta del tribunal fue contraria: en lugar de destituir al director cuestionado, dispusieron el traslado de la jueza.
Este conflicto se entiende en un contexto institucional donde Grucci tiene vínculos estrechos con Josefina Sánchez, titular de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión de la Corte, dependencia encargada junto con la Oficina de Gestión Judicial de ejecutar la reestructuración ordenada. Sánchez es considerada una persona de confianza del presidente del tribunal, Daniel Leiva.
La medida fue precedida por una reunión en la que los jueces demandaron al presidente de la Corte su postura respecto al conflicto, encuentro que contó con la participación de Sánchez y Leonardo Zelarayán, jefe de la Oficina de Gestión Judicial. Según fuentes, el resultado ya estaba definido antes del encuentro.
La Acordada justifica el intercambio de los juzgados entre las OGAs apelando a la necesidad de ajustes organizativos y a la mejora de la capacidad operativa, pero no menciona la controversia que motivó estas modificaciones.
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