Los jefes de las principales áreas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán repudiaron en un comunicado institucional el pedido de juicio político presentado el 18 de mayo contra su presidente, el contador público nacional Miguel Chaibén Terraf. Calificaron la iniciativa como una “campaña sostenida de desinformación” basada en “afirmaciones falsas, formuladas en modo potencial y apoyadas en fuentes anónimas”.
El documento, firmado por los responsables de la Secretaría General, Prosecretaría General, Departamento de Ingenieros Fiscales, Departamento de Contadores Fiscales y Asesoría Jurídica, fue difundido este miércoles tras la publicación en La Gaceta de Tucumán de la presentación impulsada por el locutor Roque Galeano y otros dos comunicadores del multimedios Enterate, vinculado al diputado nacional Carlos Cisneros.
Los funcionarios del organismo de control externo sostuvieron que no se trata de una denuncia seria, sino de una maniobra que distorsiona el funcionamiento legal del Tribunal y sus procedimientos constitucionales y legales.
En el punto central de su respuesta, los jefes de área desmintieron cualquier omisión de control en la obra del Establecimiento Socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”. Recordaron que el Tribunal ejerce modalidades de control —previo, preventivo, concomitante y posterior— según el momento en que ingresa el expediente, tal como lo establecen la Constitución provincial y la Ley Nº 6.970.
Los firmantes rechazaron también la versión según la cual el presidente Chaibén Terraf habría sugerido al Poder Ejecutivo “regularizar” la obra mediante decreto convalidatorio. “Esa afirmación es falsa”, afirmaron. La vía de la convalidación fue analizada y recomendada por los órganos internos de asesoramiento del propio Ejecutivo: la Asesoría Letrada del Ministerio de Obras, la Subdirección de Asesoramiento Contable de la Contaduría General y, de modo decisivo, la Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 598 del 20 de abril de 2026. El decreto mismo invoca ese dictamen como fundamento.
En su conclusión, los jefes de área advirtieron que la presentación ante la Legislatura se apoya en “una interpretación malintencionada del expediente” que confunde control preventivo con posterior, atribuye al Tribunal decisiones del Poder Ejecutivo, da por aprobado un pago que no lo fue y presenta como hecho consumado un trámite que aún está en curso.
Por último, solicitaron a la Honorable Legislatura que evalúe el pedido de juicio político con el rigor que exige la Ley Nº 8.198 y lo rechace en la instancia de admisión, al no existir —a su juicio— un hecho concreto, verificable y configurativo de una causal constitucional.
El comunicado lleva las firmas de los contadores públicos nacionales Atilio José Peluffo, Santiago Domingo de Prada y Patricia Fernández; los doctores Miguel Ángel Hael, César Alonso Larrabure, Ramiro González Navarro y Agustín Gollan, y el ingeniero Augusto López Fernández Murga. En este link se puede leer el comunicado completo.
Cisneros contra Terraf
El pedido de juicio político contra el presidente del Tribunal de Cuentas no constituye un episodio aislado. Se inscribe, por el contrario, en una abierta confrontación de larga data entre el titular del organismo de control externo y el diputado Cisneros, referente de La Bancaria y figura central en la conducción de la Caja Popular de Ahorros durante casi tres décadas.
La tensión se hizo explícita en marzo de 2026, cuando Cisneros concedió una entrevista en la que descargó duras críticas contra el Tribunal de Cuentas y su presidente. “Nosotros sabemos que el Tribunal de Cuentas es mamarracho”, afirmó entonces, al cuestionar las observaciones que el organismo había formulado sobre diversas actuaciones de la gestión del ex interventor José César Díaz, estrechamente vinculado al diputado.
Cisneros atribuyó el conflicto a una “pica personal” originada en una investigación sumaria realizada por Díaz en la Caja Popular, en la que habría sancionado a un familiar directo de Terraf. “De ahí quedó una pica con Díaz”, sostuvo. El legislador fue más allá y acusó al Tribunal de no investigar ni auditar, sino de “presionar, perseguir y extorsionar”. Calificó además a Terraf de “bastante inútil y bastante alcahuete”, y cuestionó el rol de los vocales del cuerpo.
El malestar del dirigente sindical se profundizó tras la salida de Díaz y del subinterventor Darío Amatti, dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo en enero de 2026. Cisneros defendió la gestión desplazada y vinculó las observaciones del Tribunal a esa remoción, en medio de reclamos gremiales que incluyeron protestas reprimidas en Concepción.
Paralelamente, el Tribunal de Cuentas avanzó en auditorías y acuerdos que pusieron bajo escrutinio actuaciones de la Caja Popular durante la intervención cisnerista. Entre ellas, la anulación de designaciones irregulares, observaciones sobre el Fondo Provincial del Deporte y, más recientemente, la declaración de nulidad absoluta —con calificación de “desviación de poder”— de la designación de José Díaz como Subgerente General Adscripto en junio de 2023. Ese acto, según el Acuerdo N° 1348, generó un perjuicio fiscal estimado en más de 700 millones de pesos por el cobro simultáneo de dieta como interventor y salario en planta permanente, violando el artículo 9° de la Constitución provincial. El organismo derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por posible abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La Gaceta de Tucumán, principal medio que publicó el pedido de juicio político impulsado por el locutor Roque Galeano y otros comunicadores del multimedios Enterate —vinculado a Cisneros—, omitió informar sobre esa denuncia del Tribunal contra Díaz, pese a su gravedad institucional. Ese silencio editorial se suma a un historial de cobertura selectiva respecto de las actividades del diputado y su entorno.
La marcha no era por Luli, era por Carlos
En el marco de las movilizaciones convocadas por La Bancaria Tucumán los días 7 y 8 de mayo, un grupo de empleadas de la Caja Popular de Ahorros se concentró frente al Tribunal de Cuentas de la Provincia para manifestar supuestamente en respaldo a Lourdes “Luli” Parache. Sin embargo, según audios y testimonios internos difundidos por El Federalista, la verdadera finalidad de la marcha era respaldar políticamente al diputado nacional Carlos Cisneros y presionar en medio de las auditorías que el organismo de control realiza sobre la gestión anterior de la entidad financiera provincial.
La convocatoria surgió de una reunión gremial en la que la dirigencia sindical exigió la presencia obligatoria de las trabajadoras. “Necesitarán de su presencia. Es para apoyar a nuestra compañera Luli y a Carlos, que se ha puesto al frente de esta causa. Vamos a organizar un desfile, una marcha y otras actividades”, se escucha en el audio interno al que tuvo acceso este medio. La frase, según las fuentes consultadas, revela que la movilización no respondía a un reclamo laboral genuino, sino que formaba parte de una estrategia más amplia de defensa del referente de La Bancaria frente a investigaciones judiciales y fiscales.
La marcha al Tribunal de Cuentas no fue un hecho aislado. Se inscribió en una serie de acciones que incluyeron un locro partidario el 1° de mayo en el Club Caja Popular —propiedad de la institución pública— para relanzar el sello ACTIVAR, espacio político ligado al diputado. En ese contexto, bancarios denunciaron aprietes para empadronarse en el partido y asistir a las actividades, con amenazas veladas de inclusión en “listitas” que llegaban directamente a Cisneros. Estas movilizaciones coincidieron con momentos clave para el Tribunal de Cuentas.
Las empleadas, uniformadas con logos de La Bancaria, se presentaron frente al edificio del Tribunal en una acción que, según observadores, buscaba visibilizar presión sobre el organismo que audita las irregularidades detectadas durante la intervención cisnerista. Fuentes internas de la Caja Popular describen un clima de coacción donde la asistencia a estas marchas se registraba y los ausentes enfrentaban posibles sanciones administrativas.
