En medio de las negociaciones para definir un aumento en el boleto urbano, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán enfrenta un retraso millonario en los fondos que la Nación debe transferir por los denominados “Atributos Sociales” de las tarjetas SUBE, un mecanismo de subsidio destinado a beneficiar a sectores vulnerables de la población.
Desde que en 2025 la capital tucumana incorporó el sistema SUBE en el transporte público, la expectativa fue que el Estado nacional subvencionaría hasta el 55% del costo del boleto para grupos como jubilados, estudiantes con becas Progresar, trabajadores del servicio doméstico, veteranos de Malvinas, beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales registrados, entre otros. Esto implica que dichos usuarios solo abonaban el 45% restante, lo que en Tucumán representaba un pago cercano a los $562,50 sobre la tarifa total de $1.250.
Durante los primeros meses de funcionamiento, la Nación cumplió con las transferencias, que rondaban los $400 millones mensuales. Sin embargo, el problema se generó a partir de un acuerdo firmado en noviembre de 2025 entre el Municipio y las empresas transportistas agrupadas en AETAT, por el cual la Intendencia se comprometió a adelantar esos pagos con recursos propios y esperar los reembolsos nacionales.
Poco después, en diciembre, se interrumpió la regularidad de los depósitos provenientes de la Casa Rosada, lo que obligó a la gestión municipal a cubrir el desembolso mensual con fondos propios. Así, tras cinco meses sin compensación, la deuda acumulada supera los $2.000 millones.
Este conflicto no es exclusivo de Tucumán. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las empresas del sector también reclaman a la Nación la cancelación de una deuda que, a fines de abril, fue estimada en $130.000 millones, de los cuales $50.000 millones corresponden a subsidios por atributos sociales adeudados a la provincia de Buenos Aires.
La controversia adquiere un contexto más complejo debido al debate actual en San Miguel de Tucumán sobre el valor del boleto urbano. Un estudio de costos elaborado por la cámara empresaria propone un precio cercano a los $2.400 por viaje, sin embargo, el Concejo Deliberante analiza un incremento con un tope de alrededor de $1.700, equiparando la tarifa a otras grandes ciudades del país.
La situación del transporte público se agrava en el segundo trimestre del año, afectada por el alza internacional del gasoil y una constante declinación en la cantidad de pasajeros transportados, configurando un escenario crítico que tensiona aún más las finanzas del sector.
La Municipalidad ha iniciado gestiones para destrabar los fondos retenidos por el gobierno nacional, mientras busca equilibrar la operación del sistema y garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas para los tucumanos.
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