En un acto institucional que subraya las crecientes divisiones en el ámbito judicial tucumano, la Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores (REJUFIDE) fue recibida ayer por las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
El encuentro se desarrolló en el salón de presidencia del Palacio de Tribunales, donde el presidente del máximo tribunal, Daniel Leiva, junto a los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, escuchó la exposición de los lineamientos de esta nueva organización, que acaba de obtener su personería jurídica.
Encabezaron la delegación Valentina Ruiz de los Llanos, presidenta de la red; Raúl Robin Márquez, vicepresidente; Marcela Tejeda, secretaria de Relaciones Institucionales, y María Soledad Hernández, secretaria general. La REJUFIDE busca consolidar una voz colectiva que promueva el intercambio de buenas prácticas, la formación continua, la ética judicial y un sistema de justicia más accesible y cercano a la sociedad.
La presentación cobra particular relevancia en el contexto de las tensiones que enfrenta la conducción actual de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), presidida por la camarista Marcela Ruiz. Numerosos integrantes de la nueva red provienen precisamente de esa entidad, de la cual se separaron tras un proceso de ruptura que se gestó durante más de un año y que ya ha reconfigurado el mapa de representación de la magistratura provincial.
Los orígenes de esta fractura se remontan a octubre de 2025, cuando un escándalo electoral e institucional sacudió a la AMT. Durante el proceso de elección de representantes ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) —órgano clave para la carrera judicial—, se denunciaron graves irregularidades: la aparición intempestiva de una tercera lista oficialista presentada de manera irregular, sin registro adecuado y en violación de los plazos establecidos. Esto provocó renuncias de postulantes, pedidos formales de suspensión de los comicios y cuestionamientos a la legitimidad del proceso.
A raíz de esos hechos, un grupo de magistrados solicitó a la Dirección de Personas Jurídicas un exhaustivo informe sobre la gestión de la AMT durante la última década, exigiendo balances, actas de asambleas, auditorías y documentación que permitiera verificar la regularidad institucional. La conducción de Ruiz, criticada por su estilo personalista y por haber convertido a la asociación en una estructura cerrada, lejos de las bases, perdió entonces el control del CAM, un espacio histórico de influencia que ahora pasó a manos de la nueva agrupación.
Esa derrota marcó el punto de inflexión definitivo. En diciembre de 2025 nació formalmente la REJUFIDE, con una conducción colegiada que desplazó a la AMT de su rol protagónico. Posteriormente, en abril de este año, surgió también “Magistrados Asociados de Tucumán”, un espacio local integrado por un triunvirato conformado por la camarista laboral Beatriz Bisdorff, el juez del Trabajo César Gabriel Exler y el defensor penal oficial Mariano Delgado. Este grupo, integrado principalmente por jueces laborales y defensores penales, se propone como un ámbito académico e institucional enfocado en la independencia judicial, el respeto a las normas y la transparencia.
La recepción formal de la REJUFIDE por parte de Leiva —en un gesto que evidencia con las diferencias notorias que separan al Presidente de la Corte de la actual conducción de la AMT— pone de manifiesto la profundidad de la crisis de representación que atraviesa la histórica asociación de magistrados. Lejos de ser un mero episodio gremial, esta reconfiguración refleja un reordenamiento del poder dentro del Poder Judicial tucumano y plantea interrogantes sobre su futuro institucional.
