El Gobierno provincial avanzó este viernes con la demolición de construcciones levantadas de manera irregular sobre tierras fiscales ubicadas en la ribera del Río Salí, en la zona sudoeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán.
La operación, ejecutada por la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, se enmarca en la política de tolerancia cero a las usurpaciones impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y busca recuperar el patrimonio público y ordenar el territorio.
“La orden del gobernador Osvaldo Jaldo es tolerancia cero a las usurpaciones y, junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”, afirmó el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano. “Hoy procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”, agregó.
Según la Resolución Nº 156 de la DPA, inspecciones previas constataron la presencia de viviendas, loteos, galpones y actividades comerciales instalados dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico del río. Los informes técnicos determinaron que estas ocupaciones ilegítimas comprometían el normal funcionamiento del curso de agua y ponían en peligro tanto a los ocupantes como a la infraestructura cercana, particularmente el Puente Lucas Córdoba.
Mediante el sistema GIS de Catastro se verificó que los terrenos carecían de padrón e identificación catastral, confirmándose su pertenencia al dominio público provincial.
Participaron del operativo el director provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra, y personal policial.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la recuperación de tierras fiscales y la liberación de zonas inundables constituyen una política de Estado orientada a preservar el patrimonio público, proteger la seguridad de la población y prevenir nuevas ocupaciones irregulares en sectores de alto riesgo.
