La jueza de Ejecución Penal Ana María Iácono concedió este lunes la libertad condicional a Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad de Tucumán durante la gestión de José Alperovich, quien fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento y falsedad ideológica en el marco del asesinato de Paulina Lebbos.
La resolución se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos temporales de la pena, el buen comportamiento registrado bajo prisión domiciliaria y, principalmente, en pericias psiquiátricas y psicológicas que certificaron un deterioro en la salud mental del condenado. La magistrada, sin embargo, impuso un estricto régimen de reglas de conducta que incluye monitoreo electrónico por GPS, prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los familiares de la víctima, abstinencia de alcohol y estupefacientes, y la obligación de continuar tratamiento psicológico.
Di Lella, quien nunca cumplió prisión efectiva en una cárcel común, abandonará así el arresto domiciliario que cumplía desde la sentencia de 2019. Con esta decisión, ya no queda ningún condenado por encubrimiento privado de su libertad, a casi veinte años del crimen de la joven estudiante.
En la audiencia, el fiscal Gonzalo García y el abogado de la querella, Emilio Mrad, se opusieron con firmeza al beneficio. Argumentaron que el ex funcionario jamás admitió su responsabilidad ni expresó arrepentimiento ante la familia Lebbos, y que su rol en el desvío deliberado de la investigación —avalando pistas falsas y adulteraciones— merecía un cumplimiento más riguroso de la pena. La defensa, a cargo del defensor oficial Emiliano Ferraco, sostuvo que Di Lella había transitado las etapas del régimen progresivo y que su vulnerabilidad psíquica justificaba el cambio de modalidad.
Alberto Lebbos, padre de la víctima, recibió la noticia con el escepticismo que lo caracteriza desde hace dos décadas. “Todos los días rezo para que el señor Di Lella recupere la salud, pero sobre todo para que recupere la memoria”, expresó, en alusión al silencio que, a su criterio, mantienen los condenados por encubrimiento respecto de la verdad del homicidio.
La medida se produce en un momento clave de la causa: apenas dos días después de que el fiscal Carlos Sale pidiera prisión perpetua para César Soto —único acusado por el asesinato— y desistiera de la imputación contra Sergio Kaleñuk. El tribunal oral deberá dictar sentencia en las próximas horas.
Con nueve condenas firmes por encubrimiento institucional, el caso Lebbos sigue simbolizando tanto los avances como las persistentes fallas del sistema judicial tucumano en la búsqueda de verdad y justicia. La libertad condicional de Di Lella reaviva el debate sobre el equilibrio entre derechos de los condenados y el reclamo indeclinable de las víctimas.
