El diario La Gaceta publicó este domingo una nota titulada “Revés para secretario de Energía: víctima impugnó acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas”, en la que se presenta como un revés judicial la impugnación formulada por la parte querellante en la causa que investiga a Martín Sebastián Viola, secretario provincial de Energía, por el uso ilegítimo de un DNI ajeno para publicar agravios en redes y medios digitales. Sin embargo, la información omite un elemento central y de relevancia decisiva: el fiscal federal Agustín Chit dictaminó a favor de la propuesta de reparación integral presentada por la defensa del funcionario.
En el dictamen N° 574/2026, de fecha 13 de abril de 2026, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la oferta de Viola —consistente en la donación de $5.000.000 a Cáritas Arquidiocesana Tucumán, destinada a las víctimas de las inundaciones en Lamadrid, y el pedido de disculpas públicas publicado en La Gaceta y en su cuenta de la red social X— resulta “proporcional y suficiente”. Chit revocó así su posición anterior, cuando había calificado de insuficiente un primer ofrecimiento de $3.000.000, y solicitó al juez federal Guillermo Díaz Martínez que homologue el acuerdo, declare la extinción de la acción penal y dicte el sobreseimiento de Viola una vez vencido el plazo de tres días otorgado al damnificado Julián Echazú Toneatti para eventual oposición.
La nota de La Gaceta no menciona este dictamen favorable del fiscal ni el hecho de que la reparación integral se enmarca en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal y en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, institutos que buscan soluciones alternativas al conflicto penal cuando el daño ha sido integralmente reparado. Tampoco informa que el propio Ministerio Público Fiscal notificó formalmente a Echazú Toneatti mediante oficio N° 419/2026 para que ejerza su derecho a revisión ante el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguraron que desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se busca deliberadamente mantener un alto perfil periodístico de la causa para afectar la imagen del funcionario provincial. En ese sentido, resulta revelador que la abogada Stella Belén Salas —representante legal de la parte querellante en este expediente— haya sido designada hace poco más de un mes en la administración municipal (ver abajo). La Resolución N° 0902/SGI de la Secretaría de Gobierno, fechada el 5 de marzo de 2026, la comisionó en la Subsecretaría de Gobierno “hasta el 30/06/2026” para cumplir “tareas específicas”, en un movimiento que coincide temporalmente con la mayor actividad mediática del caso.
La causa, originada en la desaparición del DNI de Julián Echazú Toneatti y en la creación fraudulenta de una cuenta en el diario La Gaceta para difamar al subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, avanza ahora hacia la indagatoria y posible procesamiento, sin atajos que eludan la responsabilidad penal.
Esta omisión periodística adquiere mayor gravedad si se la compara con la tramitación de causas de entidad institucional muy superior que tramitan en el mismo Juzgado Federal N° 2 a cargo del juez Díaz Martínez. Allí se encuentra la causa N° 23/2026 por trata de personas con fines de explotación sexual —iniciada a partir de la “causa Vélez”—, en la que se investiga al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y a Federico Petraglia. Pese a que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó en marzo pasado la declaración indagatoria de los imputados y el juez notificó a la Cámara de Diputados para evaluar un eventual desafuero, el expediente aún no registra un avance comparable al tratamiento expedito que recibió la reparación integral ofrecida por Viola. Lo mismo ocurre con la investigación por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones —iniciada en abril de 2025 y ya con más de un año de tramitación— y con el archivo dispuesto en la causa por movimientos irregulares de fondos públicos en municipios por más de 40.000 millones de pesos.
El triángulo Municipalidad-Gaceta-Contexto
En un fuero federal donde las causas de corrupción, narcotráfico o trata de personas suelen demandar plazos prolongados y generan controversia, el contraste resulta elocuente. La celeridad con que se manejó la propuesta de reparación en un expediente de entidad menor —un perjuicio al sistema registral del RENAPER sin daño patrimonial directo ni violencia— contrasta con la lentitud de expedientes que comprometen estructuras de poder mucho más sensibles. La grave omisión de La Gaceta, replicada por el diario Contexto sin ningún tipo de cuestionamiento, no solo distorsiona la realidad procesal, sino que contribuye a sostener una narrativa parcial que, según fuentes judiciales, responde a un interés político-municipal explícito.
Más allá de increíble torpeza de Viola, las omisiones de los grandes medios que terminan en complicidad con quienes los financian a través de la millonaria pauta publicitaria, es sin duda uno de los grandes obstáculos de una provincia sumida en un oscurantismo de la vida pública, que termina por erosionar económica y moralmente a toda la sociedad.
