La defensa de Justina Gordillo avanza con solidez en el expediente por el femicidio de Érika Antonella Álvarez y se perfila un cambio radical en su situación procesal: la prisión preventiva en el penal de Delfín Gallo podría reemplazarse por detención domiciliaria o incluso por libertad bajo reglas de conducta, ya que no existen pruebas directas ni indicios concretos que la vinculen con el encubrimiento del crimen.
Según fuentes judiciales y el análisis de la defensa, la imputación contra Gordillo se basa exclusivamente en su antigua relación sentimental con el principal acusado, Felipe “El Militar” Sosa, pero carece de elementos objetivos. Su declaración es plenamente coherente con los registros de cámaras de seguridad: se retiró de la casa de Yerba Buena pasada la medianoche tras una fuerte discusión con Sosa, mientras Érika ingresó a la propiedad alrededor de las 3 de la madrugada. Gordillo siempre negó haber conocido a la víctima, haber participado en cualquier encuentro sexual grupal y haber tenido conocimiento del femicidio para colaborar en su ocultamiento.
En su extenso testimonio ante la fiscalía, la imputada relató una “relación infernal” de casi dos años con Sosa: discusiones constantes, humillaciones públicas, consumo de cocaína y marihuana, y cambios bruscos de personalidad del hombre. La relación terminó esa misma noche de la cena, cuando Gordillo le envió un mensaje cortando todo. “Fui una estúpida”, admitió al referirse a las fiestas y reuniones que Sosa organizaba en su casa y de las que ella desconocía el alcance morboso.
La querella, encabezada por el abogado Carlos Garmendia, insiste en mantener las acusaciones más graves contra Gordillo, pero nunca aportó al expediente ninguna prueba que las respalde. Las hipótesis que circularon profusamente en distintos medios —la supuesta filmación de un trío sexual con una “mujer mayor” y las presuntas peleas o amenazas de Gordillo contra Érika a través de las redes sociales— quedaron exclusivamente en publicaciones periodísticas. Ni la filmación apareció, ni se identificó formalmente a Gordillo en ella, ni se probó judicialmente ninguna interacción violenta en redes. La propia imputada negó tajantemente haber participado de cualquier encuentro sexual con Sosa y Érika.
El panorama para Gordillo se fortaleció aún más con las dos nuevas detenciones practicadas el jueves por la Policía de Tucumán. Se trata de Nicolás Augusto Navarro Flores y Jorge “Chicho” Díaz, ambos allegados a Felipe Sosa. Los dos fueron imputados por encubrimiento agravado y quedaron con prisión preventiva por 30 días. Según la fiscalía, habrían participado activamente en las maniobras para ocultar el cadáver, ayudar en la fuga de Sosa y eliminar evidencias (como el teléfono de la víctima). Con estas incorporaciones, ya son cuatro las personas a disposición de la Justicia, y la investigación se reorienta claramente hacia una posible red de encubrimiento más amplia.
Fuentes cercanas a la defensa anticiparon que en las próximas horas se pedirá formalmente una audiencia de revisión de la medida cautelar, argumentando que Gordillo no representa riesgo procesal, que su versión nunca fue desmentida por evidencia objetiva y que las nuevas detenciones debilitan aún más la tesis de su participación activa. El fiscal Pedro Gallo y el juez evaluarán si corresponde mantener la prisión preventiva o conceder el arresto domiciliario.
Mientras la querella mantiene su postura sin nuevos elementos probatorios, el expediente muestra cada vez con mayor claridad que, hasta el momento, no hay pruebas en contra de Justina Gordillo que justifiquen su permanencia en prisión.
