El inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto, esta vez con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que expresó su preocupación por cambios incluidos en el proyecto aprobado por el Senado y que, según advirtieron, podrían afectar directamente el ejercicio profesional y el acceso a la justicia laboral.
La entidad, que reúne a casi 90.000 abogados matriculados, envió una carta firmada por su presidente, Ricardo Gil Lavedra, en la que manifestó su “profunda inquietud” por las modificaciones introducidas en los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), al considerar que generan riesgos patrimoniales para los abogados laboralistas.
Uno de los puntos centrales cuestionados es la incorporación de la figura de la “pluspetición inexcusable” con un criterio objetivo. Según el texto propuesto, si un juez entiende que el abogado reclamó un monto superior al que correspondía sin justificación suficiente, el profesional podría ser obligado a responder con su propio patrimonio por las costas del juicio junto con su cliente.
Desde el Colegio señalaron que la redacción introduce ambigüedad respecto de cuándo se configuraría esa situación, lo que —según sostienen— genera un “riesgo patrimonial directo” para quienes ejercen la defensa técnica de trabajadores. También recordaron que ya existen mecanismos procesales para sancionar conductas temerarias o maliciosas, por lo que cuestionaron la creación de un régimen específico para el fuero laboral, al que consideran discriminatorio frente a otras ramas del derecho.
Otro aspecto objetado es la modificación del artículo 277, que habilitaría el pago en cuotas de las sentencias condenatorias en juicios laborales. La medida alcanzaría tanto a los créditos de los trabajadores como a los honorarios profesionales, ambos considerados de carácter alimentario, lo que —según la entidad— podría afectar la percepción efectiva de los ingresos de los abogados.
El CPACF también advirtió que la combinación entre la limitación prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial y el principio de gratuidad del proceso laboral podría traducirse en una restricción concreta al cobro de honorarios, desalentando el ejercicio profesional en esa especialidad.
En ese marco, la institución pidió a los diputados nacionales que evalúen las “graves implicancias” que la reforma podría tener no solo sobre la actividad profesional sino también sobre el funcionamiento del sistema judicial laboral y el rol de los abogados en la defensa de los derechos de los trabajadores.
El pronunciamiento se produce en medio del avance legislativo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que ya obtuvo media sanción en el Senado y forma parte del paquete de cambios orientados a modificar el régimen laboral vigente, en un contexto de fuerte debate político y jurídico sobre el alcance de la reforma.