El Tribunal de Cuentas de Tucumán abrió un Juicio de Responsabilidad contra el legislador Hugo Ledesma, cuñado del diputado nacional Carlos Cisneros, por un presunto desvío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social por $26,8 millones durante el año 2023, coincidiendo con su campaña electoral que culminó con su polémico acceso a la última banca legislativa tras denuncias de irregularidades en el conteo de boletas.
La investigación revela que Ledesma, en su entonces cargo de subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, habría participado activamente en un circuito irregular de entrega de subsidios en especie -incluyendo mercadería, chapas, mesas, sillas y cuchetas- sin que existiera convenio alguno que habilitara a la Caja Popular a actuar como receptora de estos bienes del Estado.
El mecanismo irregular
Según el Acuerdo N.º 5140 del Tribunal de Cuentas, firmado el 10 de noviembre de 2025, se detectaron 12 Órdenes de Autorización emitidas por la entonces ministra de Desarrollo Social, Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, todas a favor de la Caja Popular de Ahorros como beneficiaria formal, pero sin respaldo legal alguno. La auditoría demostró que las mercaderías fueron retiradas por funcionarios y empleados de la Caja Popular, incluyendo al propio Ledesma, sin que existiera documentación que acredite el destino social de los bienes entregados.
Patrón recurrente en el entorno Cisneros
Este caso representa una nueva complicación judicial para el entorno directo de Carlos Cisneros, quien actualmente enfrenta su propia crisis tras ser señalado por el juez Bernardo Daniel Lerario Babot como el presunto cerebro de una asociación ilícita dedicada a fabricar pruebas judiciales. La investigación sobre Cisneros, que incluyó allanamientos en siete domicilios de sus operadores, ya había expuesto el uso de la estructura de la Caja Popular de Ahorros para fines particulares.
La simultaneidad temporal entre el desvío de mercadería y la campaña electoral de Ledesma adquiere especial relevancia, considerando que su elección como legislador estuvo marcada por denuncias de irregularidades en el escrutinio que enfrentaron al entonces candidato Enrique Pedicone.
Consecuencias institucionales
El Tribunal de Cuentas no solo inició el Juicio de Responsabilidad contra los ocho involucrados, sino que giró el caso al Ministerio Público Fiscal por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. La notificación a la Legislatura provincial podría tener implicancias en la situación política de Ledesma, quien deberá enfrentar este proceso mientras ejerce su mandato.
Para Carlos Cisneros, esta nueva investigación judicial sobre su cuñado representa un golpe adicional en su ya deteriorada situación legal y política, sumándose a las causas que actualmente investigan su presunta participación en una asociación ilícita y confirmando un patrón de utilización de la estructura estatal para beneficio de su círculo íntimo, en lo que parece constituir una metodología recurrente en su grupo de poder.
