En el marco de las investigaciones que involucran a las principales autoridades del fútbol argentino, acusadas de presunto lavado de activos, la Dirección General Impositiva radicó este viernes una denuncia penal en contra de la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio «Chiqui» Tapia, por la apropiación indebida de impuestos y la retención de contribuciones previsionales que superan los siete mil millones de pesos.
El dato surge de un informe elaborado por la jefa de la División Penal del área de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Vanina Vidal, que fue elevado por la DGI al fuero penal económico. El documento se basa en auditorías que hallaron inconsistencias durante agosto y septiembre de este año.
Asimismo, en el relevamiento –al que pudo acceder este medio– se identificó la retención irregular de aportes jubilatorios por parte de la AFA desde diciembre del año pasado. La presentación judicial también aclaró que «la información proporcionada es la que surge de los sistemas del Organismo, sin perjuicio de los datos que puedan constar en los registros de la Inspección General de Justicia«.
La denuncia fue caratulada en el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico N°5, a cargo del magistrado Diego Amarante, por iniciativa de la DGI que conduce Andrés Vázquez. Las condenas establecidas para los ilícitos imputados oscilan entre dos y seis años de cárcel.
En el escrito, el organismo estatal subrayó que la AFA «conocía su condición de agente de retención de tributos y de los fondos de la seguridad social (habiendo realizado efectivamente dichas retenciones) y estaba en condiciones de cumplir con esas obligaciones».
Al individualizar la autoría de los responsables de estos delitos especiales tipificados en el Régimen Penal Tributario, señala como director a cargo de la entidad a Claudio Fabián Tapia, «el Chiqui». Un apartado destacado del texto menciona que, con anterioridad, la AFA no figuraba con antecedentes en el sistema de fiscalización de la DGI.
En su reclamo ante la Justicia, la DGI solicitó que se proceda contra «los autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos» que pretende investigar por «haber retenido impuestos y aportes de la Seguridad Social y no haberlos ingresado una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días corridos desde su vencimiento».
Al manifestarse como damnificada por esta conducta, la Dirección General Impositiva advirtió sobre la comisión de los delitos previstos y sancionados por los artículos 4° y 7°, segundo párrafo, del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430.
Y cuantificó que, debido a la retención de tributos entre agosto y septiembre del corriente año y de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre último, el Estado dejó de percibir un total de 7.593.903.512,23 pesos.
Tras indicar que para llegar a esta denuncia se habían reunido «los elementos fácticos que permiten evidenciar la existencia de las conductas» delictivas, la denunciante remarcó que el momento del perjuicio se produce «al vencimiento del día treinta corrido luego de expirado el plazo legal para realizar el depósito» correspondiente a los períodos analizados.
En ese sentido, enfatizó que alguien dentro de la AFA habría empleado esos fondos que no le pertenecían. Y, citando jurisprudencia, alertó que «no solo importa la omisión del depósito sino también la demora en el mismo, ya que ello implica el financiamiento por parte de la contribuyente mediante el uso de sumas de dinero que evidentemente no forman parte de su patrimonio«.
Estos montos retenidos «no constituyen fondos propios de los cuales se puede disponer libremente con el fin de afrontar otras obligaciones de la sociedad», agregó.
La denuncia de la DGI llegó como cierre de una semana en la que Tapia fue objeto de diversas causas judiciales que examinan si cuenta con supuestos testaferros que administran una fortuna multimillonaria y si ese patrimonio fue obtenido mediante alguna modalidad de lavado de dinero.
SMB